Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó de la solicitud de un incremento del cuatro por ciento del presupuesto de la institución ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el próximo año.
Durante la sesión solemne y conjunta de los plenos de la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se realizó la presentación del Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) para el 2024, en la cual, la Ministra presidenta detalló que el incremento solicitado es respuesta a la disminución del 15.4 por ciento que han tenido desde la entrada del actual Gobierno en 2018.
En sesión solemne de la #LaCorte, @CJF_Mx y @TEPJF_informa, la ministra presidenta destacó que en el proyecto de presupuesto se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados. https://t.co/Y2xYpqA5SD pic.twitter.com/QHqWAJIZPt
— Suprema Corte (@SCJN) August 28, 2023
La Ministra presidenta destacó que en este proyecto de presupuesto enviado para su aprobación en la Cámara de Diputados se encuentra una “justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados”.
“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó.
“México demanda un Poder Judicial fuerte, independiente y autónomo, un Poder Judicial responsable y profesional que pueda garantizar el ejercicio de nuestros derechos, la igualdad ante la Ley, la estabilidad de nuestras decisiones, el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y la legalidad del actuar público”, agregó.
Asimismo, Piña Hernández señaló que el eventual aumento del cuatro por ciento, se traduce, aproximadamente, en el equivalente al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
“Los recursos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal también habrán de destinarse al Instituto de la Defensoría Pública que representa jurídicamente y, sobre todo de manera gratuita, a los mexicanos, la mayoría de ellos en condiciones de vulnerabilidad. La demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual que habrá de atenderse a través del fortalecimiento de las atribuciones del Instituto”, dijo en su presentación.
Fuente: Sin Embargo