El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que el decreto emitido ayer para que los proyectos estratégicos sean considerados como de “seguridad nacional y de interés público” trata de “blindar” estas obras ante el embate del bloque conservador que “busca contrarrestar todo lo que hacemos”.
Apuntó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y denunció que la presidenta Norma Piña contrató recientemente a Sonia Vargas, quien era la directora de recursos materiales de la Policía Federal en la época de Genaro García Luna y es investigada como parte del proceso contra el ex titular de Seguridad Pública; además que acusó que la mano del gobierno de Estados Unidos está detrás de quienes buscan frenar la construcción del Tren Maya, al financiar a grupos opositores.
Por ello, en la mañanera de este viernes en Palacio Nacional afirmó, se decidió emitir el nuevo decreto para clasificar como asunto de seguridad nacional ésta y otras obras de infraestructura.
“Hay un despacho de la organización de Claudio X. González, donde esta (Fernando) Gómez Mont, donde está (José Ramón) Cossío, un abogado Carbajal y otro abogado que es el que da la cara (Gerardo Carrasco) y es el que ha presentado todos los amparos. Todos ellos forman parte de esta organización que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Ya lo aceptaron en la agencia del gobierno de Estados Unidos, nada más que les siguen dando”.
Ligado a ello, agregó el mandatario, en el Poder Judicial, en particular la SCJN “está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país, que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto, al grado que ayer me llegó una información acerca de que la presidenta de la SCJN contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna, fue directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal en en el periodo de García Luna y está en investigación de todos los contratos que entregaron.
“Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal con empresas que se encuentran en investigación por parte de ala Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023 la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, la contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal”.
Por ello, el mandatario justificó: “¿Cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general, y ese es mi trabajo y ofrezco disculpa por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés público”.
En la conferencia refirió además que los opositores son “gente irresponsable, sectaria, mafiosa que no quisieran que se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, soberbios y corruptos”.
Agregó: “¿Y por qué nos preocupa y por qué sí se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos, y eso lo podemos probar”.
El jefe del Ejecutivo aseguró que habrá transparencia a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los recursos que se asignan para la construcción del Tren Maya, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Chetumal y Palenque y otras obras blindadas por el decreto.
“No hay ninguna disposición legal para negar información, pero eso es parte de la propaganda en contra, es decir, no quieren que se sepa nada, no, la ASF está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos y en todas las obras. Y no hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger esas obras porque estos incesantes, irresponsables corruptos, además muy antipatriotas pueden pararnos las obras como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense, los beneficios para la gente del sureste cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos”, enfatizó.
Fuente: La Jornada