Tras emitir un manifiesto en contra de la cancelación de proyectos de generación de energía renovable, siete estados del país amagaron hoy con promover recursos legales contra las medidas implementadas por el gobierno federal.
El tema fue abordado durante la Décima Reunión Interestatal contra el COVID-19, que inició en la región noreste con Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y se ha extendido a Durango, Michoacán, Jalisco y Colima.
Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, dijo que la contaminación generada por los combustibles a los que da preferencia la federación causa más muertes que el COVID-19.
En un pronunciamiento conjunto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dio lectura a un manifiesto firmado por los mandatarios.
"Solicitamos al Gobierno federal cancele definitivamente el acuerdo publicado por el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía). Nos reservamos el derecho de actuar jurídicamente para defender el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano, la generación de energías renovables y las tarifas eléctricas más bajas que merecen los ciudadanos", añadió.
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, participó por primera vez de manera presencial en la reunión. Dijo que si el gobierno federal sostiene que hay anomalías en la asignación de contratos debe investigar y sancionar en los casos donde se comprueben anomalías, pero no cancelar todos los proyectos: "Si hay algún contrato o una condición irregular, se investigue y se actúe con todo el peso de la ley, pero que eso no sea una justificación para cancelar el futuro de nuestro país".
Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, enfatizó que el acuerdo federal contraviene tratados internacionales y un acuerdo firmado apenas en febrero por todos los estados con el gobierno federal.
Aunque el bloque de gobernadores no presentó un reporte conjunto sobre las inversiones en riesgo, cinco de ellos mencionaron proyectos que suman 10 115 millones de dólares. En el caso de Nuevo León, Rodríguez dijo que se perderían 1 800 millones de dólares por dos proyectos eólicos y uno fotovoltaico, que generarían unos quince mil empleos.