La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se dijo preocupada por el acuerdo presidencial que ordena a las Fuerzas Armadas a participar en labores de seguridad pública, pues genera indefinición jurídica.
"(El acuerdo) es insuficiente respecto a la determinación del contenido de los términos: 'extraordinaria', 'fiscalizada' 'subordinada' y 'complementaria', con lo que se falta al principio de la certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la Fuerza Armada", planteó.
"Lo anterior resulta preocupante, pues ante la indefinición, podría establecerse un esquema permanente de participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, hecho que es contrario a nuestra Constitución, y dentro de ella, a las obligaciones internacionales".
La CNDH planteó que ni en el artículo quinto transitorio de la reforma Constitucional que creó a la Guardia Nacional, ni en la Ley del Uso de la Fuerza, ni en la Ley de la Guardia Nacional, se establece claramente qué se debe entender por "extraordinaria", "fiscalizada" y "subordinada", "configurando una indefinición jurídica con graves riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos", añadió el organismo, y agregó que el régimen de las fuerzas militares no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles.
"El Estado mexicano ha sido condenado en el pasado por los abusos e impunidad de las fuerzas armadas por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura", recordó, "y el Acuerdo adolece de elementos concretos que garanticen el indispensable uso de la fuerza conforme al respeto y garantía de los derechos humanos".