Las autoridades penitenciarias deben implementar medidas para despresurizar los penales del país y así disminuir el riesgo epidémico que representa el COVID-19 para los reclusos, consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En un comunicado, el Instituto expuso que, de acuerdo con datos oficiales, de los 297 centros penitenciarios federales y estatales en México, 110 están sobrepoblados y, en 2016, el Inegi reportó que 46% de los internos compartía celda con otras cinco personas.
Por ello, consideró, con base en la legislación vigente, que prevé distintas medidas de preliberación, se debe permitir la salida de aquellos internos que, por su condición, sean altamente vulnerables, así como de los que se hallan en posibilidad legal de hacerlo.
"IMCO propone: otorgar la liberación a personas adultas mayores con enfermedades crónico-degenerativas o terminales, o cuando se trate de un delito cuya pena máxima sea de 5 años de prisión y no se haya cometido con violencia", afirmó.
"Evitar la prisión preventiva, salvo que se trate de conductas delictivas en las que no lo permita la Constitución o el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de frenar el congestionamiento del sistema penitenciario".
Además, expuso, debe incentivarse que el juez de ejecución utilice la figura de sustitución de la pena para resolver de manera positiva las solicitudes de libertad anticipada.
"La crisis sanitaria actual expone los grandes desafíos del sistema de justicia penal en México. Hoy más que nunca debemos voltear a ver a las personas que padecen las consecuencias de un sistema poco eficiente e incapaz de cumplir con su encomienda", enfatizó.
El IMCO sostuvo que, ante la pandemia del COVID-19, Colombia excarceló a cuatro mil personas que ahora cumplen una prisión domiciliaria, y Brasil evalúa la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la prisión para quienes cuentan con mayores riesgos de salud: "En Chile, el Gobierno ha anunciado que enviará un proyecto de ley al Congreso para conceder el arresto domiciliario a personas privadas de libertad de edad avanzada que no hayan sido condenadas por delitos graves. Además, ha creado un comité de emergencia encargado de adoptar medidas preventivas contra el coronavirus en las cárceles", citó como ejemplo.