El Acuerdo con el que se ordena a las Fuerzas Armadas (FA) participar en labores de seguridad pública es insuficiente para normar aspectos como los controles a los militares y la excepcionalidad de la medida, señaló la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). La agencia reconoció los importantes retos en materia de seguridad que enfrenta el País, pero advirtió también que desde 2006 se ha evidenciado la disfuncionalidad de una estrategia que contemple el uso de las fuerzas militares.
"El Acuerdo fija que esta supervisión será realizada por el órgano interno de control de la dependencia de la Fuerza Armada que corresponda, lo que resulta insuficiente para garantizar una supervisión efectiva de carácter externo", señaló.
"Contradice los elementos de control civil de la seguridad pública establecidos en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y no honra los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir el actuar de todas las corporaciones de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas".
También indicó que no basta el Acuerdo para concluir que se cumplen con los principios de estricta necesidad y excepcionalidad del despliegue de las Fuerzas Armadas: "Contrario a la obligación de que el papel de las Fuerzas Armadas se supedite a las autoridades civiles, el Acuerdo establece una relación de coordinación entre las autoridades civiles y militares".
Criticó que la temporalidad del despliegue militar se extienda al máximo permitido sin más explicación, y sin un plan de fortalecimiento de la Guardia Nacional. Por ello, la ONU-DH llamó a que el Acuerdo sea revisado para contemplar el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública en México, y se diseñe una ruta de salida que materialice el retiro gradual de las Fuerzas Armadas.