México reconoció ante el grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el cual inicia este lunes una visita en territorio nacional, que el país enfrenta una crisis humanitaria por la desapariciones forzadas, al acumular más de 94,000 personas no localizadas.
“Esta es la herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano”, expresó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación, durante la bienvenida al CED, encabezado por la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana.
Durante su discurso, Encinas reiteró que la crisis de desapariciones que vive actualmente el país, se deriva de la guerra sucia y de la “mal llamada guerra contra el narcotráfico”, la cual se declaró en la gestión del presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Afirmó que pese a que en noviembre del 2017 se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, estos mecanismos han sido inoperantes.
“Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias”, precisó.
Exaltó que tras la llegada del gobierno el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, se han enviado “señales muy claras” para atender esta problemática.
Afirmó que hasta antes de esa fecha el Estado mexicano “abdicó” de sus responsabilidades en materia de desaparición y delegó la búsqueda de las personas desaparecidas a los familiares de las víctimas.
Sin embargo, destacó que el actual gobierno ha dado un viraje en el abordaje de la problemática, como la emisión de un decreto para diseñar una estrategia para el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y recientemente la creación de la Comisión de la Verdad relacionada con la Guerra Sucia que hubo en México entre 1965 y 1990.
Además, dijo que se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, con lo cual se han realizado 2,300 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas, además de que se crearon protocolos homologados de búsqueda, y protocolos adicionales para niños y adolescentes.
Se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas y se han destinado 1,200 millones de pesos (unos 58 millones de dólares) para fortalecer a las comisiones estatales de búsqueda.
Aunado a ello, se instaló la Mesa para migrantes desaparecidos; se crearon centros regionales para la identificación humana en Coahuila y San Luis Potosí; y se dotó de laboratorios forenses móviles en Sonora.