México asumió este lunes el compromiso de atender puntualmente las recomendaciones que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU presentará en marzo próximo tras su visita al país en noviembre pasado.
"Asumimos el compromiso del que el informe que presente el comité será atendido puntualmente por el Estado mexicano", aseguró en conferencia de prensa Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
El funcionario adelantó que durante su visita el Comité de la ONU reconoció la apertura del Estado mexicano para la cooperación y el compromiso de atender la problemática de las desapariciones en México, que hoy suma más de 95 mil personas no localizadas.
Además, dijo que el grupo de personas que visitó por primera vez México reconoció que ha habido un avance en el tema, especialmente con recursos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Sin embargo, admitió que una de las principales preocupaciones del Comité fue que en México prevalece la impunidad ante estos delitos, pues desde que se promulgó la Ley contra las desapariciones forzadas en 2017 solo se han dictado 35 sentencias condenatorias.
También, puntualizó, la agrupación expresó preocupación porque en el país este delito se mantiene de manera sistemática, independientemente de que esté asociado a delincuencia organizada.
Del mismo modo, dijo, el comité recomendó anticipadamente que el sistema de procuración de justicia debe ser replanteado y establecer una nueva metodología en investigación y en el análisis de macrocasos.
Aunado a ello, expresó su preocupación por la falta de coordinación entre fiscalías, autoridades y familiares de las víctimas, lo cual "limita las búsquedas".
Encinas precisó que el Comité de la ONU también expuso la necesidad de contar con una cédula única de identidad, ya que los menores no cuentan con una forma de identificación y existen muchos casos de desaparición de menores de edad.
Además, la comisión también habló de la importancia de implementar protocolos homologados de búsqueda y que las fiscalías y comisiones puedan acceder al Registro Nacional de Electores, y que se tenga un mejor resguardo de los cuerpos no identificados, así como contar con una base de datos genéticos.
Finalmente, expuso, se debe tener una política de prevención de este delito y mecanismos de protección a funcionarios y familiares, así como plan nacional de reparaciones.