Tres Pm

El memorándum con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé dejar sin efecto las medidas de la reforma educativa actual recomienda reinstalar a los maestros afectados y liberar a los miembros del magisterio que se encuentran encarcelados.

El documento dirigido a los titulares de secretarías de Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establece que la reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza.

Menciona que hasta la fecha no se ha alcanzado un acuerdo entre el Poder Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar dicha reforma, “sin embargo la administración pública federal requiere de lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública”.

El memorándum señala que la nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores” y cualquier otra forma de corrupción.

“La SEP, por su parte, administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. Asimismo, la SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas”, indica el documento.

Agrega que la Secretaría de Gobernación será la encargada de realizar las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad, a la brevedad, a maestros y luchadores sociales que se encuentran en prisión por oponerse a dicha reforma.

Así como para retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio.

“De igual modo, deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores”.

El mandatario federal exhortó a los maestros de todas la tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, impedir la confrontación y buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación bajo el principio juarista de que “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.


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