La semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el inicio de los Tianguis del Bienestar, donde se obsequiarán las mercancías decomisadas por las autoridades. Sin embargo, especialistas en propiedad intelectual y programas sociales advierten de que el incentivar la circulación de este tipo de productos, que en su mayoría proveniente del contrabando y la piratería, fomentará la ilegalidad y supondrá un riesgo para las empresas formales y los consumidores finales.
En la región de la montaña de Guerrero, en Atlamajalcingo del Monte —un municipio de poco más de 5.000 habitantes—arrancó el pasado 11 de agosto el primer Tianguis del Bienestar.
Los mercadillos se instalarán en espacios públicos, en donde serán colocados los bienes nuevos por categorías para que las personas puedan seleccionar lo que necesiten. Cada beneficiario podrá seleccionar lo que requiera en un lapso de 20 minutos.
“Hemos tomado ya la decisión de entregar todos esos bienes al pueblo todas esas mercancías, vamos a limpiar todas las bodegas y se le va a entregar a la gente, a los pobres”, indicó el presidente durante la presentación del proyecto.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el programa, a cargo del Ejército, ya inició en zonas de la montaña de Guerrero.
“En esta primera etapa se clasificaron un 1,8 millones de artículos, en 19 municipios de Guerrero; en Oaxaca, 40; en Chiapas, 15; en Veracruz, 5″, abundó. La meta del Gobierno en esta primera fase es beneficiar más de 223.000 familias.
De acuerdo con el periódico El País, además de la ayuda a los habitantes de las comunidades más pobres, el gobierno federal esgrime como argumento para apuntalar los Tianguis del Bienestar en el coste que supone la renta de bodegas para almacenar dichos lotes decomisados, según el Ejecutivo, estos espacios representan un gasto anual de más de 1.147 millones de pesos.
Pese a las bondades que supone esta iniciativa, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI) ha advertido de que la reincorporación de productos apócrifos, infractores o trasgresores de derechos de propiedad intelectual, además de ser un contrasentido, violaría diversas disposiciones legales, incluyendo tratados internacionales.
Además de que representará posibles riesgos a la población tratándose de productos regulados, que al no haber sido introducidos lícitamente al país o al haber sido incautados o asegurados, no hay forma que hayan cumplido con la regulación aplicable, que en muchos casos va encaminada a la seguridad del consumidor final.