El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, acusó que, a casi un año, el Gobierno Federal ha incumplido el compromiso de investigar las desapariciones y ejecuciones de 42 personas, en las que se involucra a la Secretaría de Marina, policías estatales y al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Raymundo Ramos, presidente del Comité, lamentó la insensibilidad de la pasada administración federal en este caso, y expresó su preocupación por que a cinco meses del actual gobierno estatal no se ha dado seguimiento al mismo.
“La verdad no queremos terminar el año arrastrando la injusticia, la impunidad y el reclamo social que hay en todo el país para este tipo de violaciones graves a los derechos humanos”, comentó.
El también periodista refirió que, en 2018, entre febrero y mayo, ocurrieron 42 desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias atribuidas, en su mayoría, a un grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).
El 30 de mayo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, emitió una carta al gobierno de México pidiéndole una investigación sobre los hechos en los que se presume la participación de elementos de una fuerza de seguridad pública.
“El 7 de junio, se hizo en Nuevo Laredo una reunión de alto nivel con autoridades de Gobernación, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Comisión Nacional de Búsqueda de la entonces PGR y las víctimas, y de esa reunión salió un compromiso: Hacer una investigación imparcial y exhaustiva”, comentó.
Abundó que previamente, en mayo, la CNDH emitió medidas cautelares para la población de Tamaulipas y pidió a la Semar que se abstuviera de hacer detenciones arbitrarias y que conminara a sus elementos a ser respetuosos de los derechos humanos.
El 5 de diciembre de 2018, ya en la actual administración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas expuso el caso en audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, donde estuvo el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“Ahí se comprometió exactamente a lo mismo: A darle seguimiento a las investigaciones, a realizar búsquedas y a apoyar a los familiares. También invitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a hacer una visita a nuestro país, y particularmente a Nuevo Laredo para acompañar este caso”, recordó el activista.
Abundó que el 17 de enero de este año, el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, validó los compromisos asumidos ante familiares de víctimas en Nuevo Laredo, en el encuentro celebrado en Estados Unidos.
Pero además de incumplir los compromisos internacionales, acusó Ramos, las autoridades federales y estatales han hecho una campaña de persecución y desprestigio en su contra y también de familiares de las víctimas.
“El Fiscal Especial en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván, se ha dedicado a investigarme a mí, como defensor de derechos humanos y a familiares de las víctimas; nos quiere involucrar con el crimen organizado, y a los marinos y a los de las fuerzas estatales no los toca, los encubre”, dijo.
Más allá de esto, añadió el periodista, el fiscal -que debería trabajar a favor de las víctimas- además de proteger a los marinos, altera o desaparece evidencia.
Ante esta situación, Raymundo Ramos consideró que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, debería cambiar a este representante social, nombrar al fiscal en Derechos Humanos y con ello dar el mensaje de que en realidad hay un cambio en la procuración de justicia.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aseguró que las pruebas con las que cuenta involucran en las desapariciones y ejecuciones a elementos de Fuerza Tamaulipas, agentes de la policía municipal e incluso al alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, y al gobierno estatal.
“Nosotros sabemos que hay responsabilidad directa del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y del alcalde de Nuevo Laredo, por omisión, porque de febrero a mayo (2018) nunca atendieron a las víctimas, nunca llamaron a una reunión de seguridad para ver qué estaba pasando”, sostuvo.
Tamaulipas, cuyos dos últimos gobernadores están en prisión por acusaciones de extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario, así como por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sigue siendo una de las entidades más violentas del país.
NTX