Congreso local prepara periodo extraordinario para avanzar en agenda estatal
En la reunión también participaron el consejero jurídico Jesús George Zamora y la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández.
En la reunión también participaron el consejero jurídico Jesús George Zamora y la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández.
Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), recordó que la LXII Legislatura ha recibido tres iniciativas y un punto de acuerdo que proponen sanciones más severas, así como mejorar las estrategias de atención a víctimas y combate al delito.
Como el segundo periodo ordinario de sesiones ya concluyó, la diputada anticipó que la propuesta será presentada ante la Diputación Permanente en los próximos días.
La iniciativa fue presentada por la diputada Ana Yurixi Leyva, presidenta de la Comisión Legislativa para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género
La iniciativa, presentada por la diputada Ruth Salinas, surge a raíz de diversas quejas ciudadanas sobre olores molestos persistentes en zonas de la capital mexiquense, como el característico olor a croqueta, que la legisladora considera una forma de deterioro ambiental.
En los casos donde no sea posible comprobar el salario o ingresos de la persona deudora, el juez podrá considerar su nivel de vida y capacidad económica en el último año, con el fin de que el monto sea realista, justo y cumplible, pero sin dejar de cubrir las necesidades básicas del beneficiario.
La diputada Ruth Salinas recordó que hace más de tres meses presentó un exhorto —aprobado por unanimidad del pleno legislativo— para que los 125 ayuntamientos mexiquenses garantizaran la paridad efectiva en los nombramientos de titulares de direcciones y organismos auxiliares.
La propuesta también contempla los casos en los que una persona actúe para auxiliar a una mujer víctima de violencia en el momento del hecho, con el fin de repeler la agresión.
En iniciativas separadas, Morena propuso clasificar este delito como grave, argumentando que en la entidad *se denuncia un despojo cada dos horas. Actualmente, se sanciona con uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa.