La pandemia del coronavirus, la golpeada democracia en la región y los esfuerzos comunes para contrarrestar la cada vez más preocupante crisis climática centraron los discursos, algunos más polémicos que otros, de los siete líderes latinoamericanos que intervinieron en el comienzo de la Asamblea General de la ONU.
Como es ya una tradición, el primero en hablar tras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue el presidente de Brasil.
Este año, el controvertido presidente Jair Bolsonaro, que entró en EE.UU. sin estar vacunado contra la Covid-19, se mostró ante la Asamblea contrario al "pasaporte sanitario" y defendió sus habituales argumentos sobre la pandemia.
"Apoyamos la vacunación" pero no el "pasaporte sanitario", manifestó. "Apoyamos el tratamiento precoz", agregó sobre un cuestionado "cóctel" promovido por su Gobierno, que incluía remedios de dudosa eficacia, como la cloroquina, que él mismo dijo haber tomado.
El discurso de su homólogo chileno, Sebastián Piñera, también se enfocó en el virus pero para lamentar que la vacunación sea tan desigual en todo el mundo; eso sí, sin olvidar que su país es un ejemplo global al ser uno de los que más ha avanzado contra la pandemia, con casi el 90 % de la población objetivo inmunizada y más de 2,6 millones de terceras dosis administradas.
La democracia, amenazada en los últimos años en la región, fue otro de los ejes de las intervenciones latinoamericanas en la ONU.
"El fin de la dictadura es el único camino viable para el bienestar del pueblo venezolano y debe ser el propósito de la acción internacional", indicó el presidente colombiano, Iván Duque, sobre el diálogo que se desarrolla en México entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
Duque precisó que aunque hay esperanza no hay que ser "ingenuos" pues sólo "la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial libre" frenará "la peor crisis migratoria que golpea al planeta", en alusión a los 5,6 millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años, 1,8 millones de los cuales están en Colombia.
Otra denuncia en ese sentido la hizo el mandatario costarricense, Carlos Alvarado, quien enfatizó en su "profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua".