El Parlamento japonés promulgó una ley que permitirá que la vacunación contra el COVID-19 no tenga costo para sus residentes, en un momento de creciente expectación sobre las candidatas, mientras aumentan los contagios.
La Cámara Alta aprobó de forma unánime el proyecto de ley para revisar la normativa actual sobre vacunación, meses después de que el Gobierno nipón iniciara las gestiones, con el fin de asegurarse vacunas para toda la población, unos 126 millones de personas.
Japón llegó a un acuerdo con las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Moderna y con la británica AstraZeneca, responsables de las tres candidatas más prometedoras, para recibir dosis suficientes cuando la desarrollen con éxito. El Gobierno destinó para ello un presupuesto de 671 400 millones de yenes (6 380 millones de dólares).
La ley, a cuyo texto accedió la agencia local Kyodo, no aclara si los residentes no japoneses en el archipiélago serán cubiertos por la gratuidad, pero funcionarios del Ministerio de Salud indicaron que esperan que así sea, como ocurre con otras vacunas administradas de forma gratuita en el país.
Aunque el texto legal recomienda encarecidamente la vacunación, se permitirá a las personas negarse a recibirla si la eficacia y seguridad no están suficientemente demostradas en el momento en que se apruebe su administración.
En caso de que la vacuna cause efectos secundarios graves, el Gobierno japonés se hará cargo de los costes por gastos médicos, compensación o pensión pertinente, en lugar de los proveedores, tal y como se adelantó en agosto. El Parlamento de Japón también aprobó hoy extender, al menos hasta febrero, la normativa que le permite al Gobierno exigir cuarentena a quienes den positivo a COVID-19 a su llegada al país, medida que estaba inicialmente prevista que expirase a finales de 2020.