El Congreso de España avaló con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones una ley que regula la eutanasia en el país, la cual entrará en vigor dentro de tres meses.
Para solicitarla, el afectado debe "sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante".
Aunque se ha eliminado del título de la proposición durante el debate parlamentario, la norma regula tanto la eutanasia propiamente dicha, es decir "la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente".
Así también como lo que se ha denominado suicidio médicamente asistido, o sea "la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda autoadministrar, para causar su propia muerte"
A diferencia de las otras leyes vigentes, la española, mucho más garantista, establece una serie de pasos que pueden demorar el proceso, desde que el enfermo lo solicite, más de un mes.
Empieza por la petición del afectado, que debe ser manifestada por escrito dos veces en 15 días. En esta solicitud debe quedar claro que la decisión no es "el resultado de ninguna presión externa".
El afectado podrá cambiar su decisión en cualquier momento y, una vez que reciba la autorización pertinente, retrasar su aplicación todo lo que quiera.
A partir de esta segunda demanda, el médico del paciente debe trasladar la petición a la comisión autonómica correspondiente, que determinará qué dos profesionales, ajenos al caso, examinarán la petición, y, posteriormente, aprobará o rechazará la decisión que estos dos especialistas tomen.
La ley no fija la composición de esta comisión, que determinará cada autonomía, salvo que deberá constar de al menos siete personas, con especialistas médicos, jurídicos y en enfermería.
Esta comisión deberá responder en 19 días.
La proposición fue promovida por el Grupo Socialista, pero contó con un fuerte impulso de familiares de personas que pidieron ayuda para morir, agrupadas por la plataforma Change.org, que hace más de un año presentaron un millón de firmas a favor de la iniciativa.
La norma recibió el rechazo de la Organización Médica Colegial de España, que afirma que la eutanasia no es un acto médico, aunque la ley prevé que sea un derecho convertido en una prestación del sistema de salud.
También el Comité de Bioética de España rechazó que se considere un derecho.
Los partidarios de la ley tampoco creen que su trabajo haya terminado.
España se une así a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá, los cuales ya regulaban la eutanasia.
En Portugal, el Constitucional se opuso a la ley; mientras que en Colombia, la práctica es legal, según una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no está reglamentada. En Nueva Zelanda está previsto que la ley entre en vigor en noviembre. En partes de Estados Unidos y Australia la práctica también está permitida.