Un tribunal británico de apelaciones ha decidido este viernes permitir la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, en contra de la decisión que adoptó en enero de este mismo año la magistrada Vanessa Baraitser.
Si entonces se frenó la entrega del cofundador de Wikileaks, porque “el riesgo de que Assange se suicidara (...) era elevado”, los magistrados Ian Duncan Burnett y Timothy Holroyde han revertido esa sentencia previa, además de reprender en su escrito la actuación de la jueza Baraitser.
Ante el temor por su salud mental -una excepción contemplada en la Ley de Extradición de 2003 del Reino Unido-, la jueza debería haber ofrecido al gobierno de Estados Unidos la posibilidad de incorporar nuevas garantías de que nada malo le iba a suceder a Assange, antes de tomar su decisión.
“Los procesos de extradición no se rigen por el derecho privado, sino por obligaciones establecidas en tratados solemnes”, dicen los magistrados en su sentencia. “Cuando se manifiesta oposición a una extradición sobre la base de que la persona sufrirá condiciones -en su detención, en su juicio posterior o en las instalaciones donde permanece- (...) debe poder ofrecerse al Estado solicitante la oportunidad de ofrecer garantías, y de demostrarlas”, afirma el texto.
Estados Unidos, según la sentencia del tribunal de apelación, se habría esforzado en los últimos meses por incorporar a su oferta un paquete extraordinario de cuatro garantías sobre la seguridad que puede ofrecer a Assange en su hipotética entrega al país.
Excluyen la posibilidad de que el detenido sea sometido a “medidas administrativas especiales”, o retenido en la prisión ADX de máxima seguridad, situada en el estado de Colorado, antes o después de volver a ser juzgado.
El gobierno estadounidense se compromete a dar luz verde a la petición del propio equipo jurídico de Assange de que, en el caso de ser condenado, pueda cumplir su pena de prisión en una cárcel de Australia. Finalmente, Washington asegura que el cofundador de Wikileaks recibirá, durante todo el tiempo que permanezca bajo la custodia de las autoridades estadounidenses, “el tratamiento médico y psicológico apropiado que recomiende el profesional médico cualificado al servicio de la prisión donde sea retenido”.