Más de 12 años tuvieron que pasar para que habitantes de la pequeña comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, Estado de México, dieran una revés definitivo a la afectación por la construcción de la autopista Toluca– Naucalpan, la cual cruza la zona montañosa que divide los valles de México y Toluca.
La historia de esta lucha indígena comenzó a finales del año 2006, cuando bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, en ese entonces gobernador mexiquense, se dio a conocer el proyecto para la construcción de la autopista que uniría las zonas industriales y corporativas de los municipios de Naucalpan y Toluca.
El trazo de esta vía de comunicación pretendía ahorrar más de una hora de viaje a los usuarios de la carretera federal que actualmente se encuentra en operación, sin embargo, atravesaba por amplias zonas de arbolado en las regiones altas de los municipios de Naucalpan, Huixquilucan y Lerma, por lo que inmediatamente se registraron oposiciones a su construcción.
Sin embargo, la primeras acciones del gobierno mexiquense fueron encargar la obra a la constructora TEYA, empresa filial de Grupo Higa, y tratar de ganar voluntades en los consejos autónomos para la venta de tierras a muy bajo costo.
En distintas comunidades se presentaron disturbios por la asignación directa de representantes populares, sin embargo, solo fue en el núcleo comunal de San Francisco Xochicuautla, donde los procesos se tornaron violentos ante la imposición que intentó el gobierno mexiquense.
En más de 10 ocasiones elementos de la entonces Agencia de Seguridad Estatal acudieron para tomar el control de la comunidad, realizando un amplio uso de la fuerza pública, que dependía directamente de los secretarios de gobierno que se encontraban en turno.
Sin embargo, la intervención de agentes internacionales moderó las intervenciones policiales, mientras que por medios legales, los comuneros pusieron de manifiesto la intromisión de autoridades estatales en las decisiones de la comunidad indígena.
A pesar de los amparos ganados y de las suspensiones judiciales que se aplicaron, las obras por parte de Grupo Higa continuaron, mientras que de forma paralela el mandatario estatal, Enrique Peña Nieto llegaba a la presidencia de la República.
A la postre, se conocería que Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, se convertiría en uno de los empresarios más cercanos al presidente emanado de Acambay, involucrado también en actos de corrupción que incluyó “La Casa Blanca” de la entonces Primera Dama de la Nación.
En este contexto, las obras de la autopista Toluca- Naucalpan avanzaron rápidamente, a pesar de retirar el macizo forestal en amplias zonas que incluían fuentes de agua y zonas de fauna endémica.
Fue hasta abril de 2006 cuando deliberadamente el trazo de la vía se modificó, lo que afectaba a varias casas, entre ellas la de uno de los líderes indígenas del movimiento opositor, la cual fue demolida en su totalidad.
Ante esta situación organismos internacionales exigieron al Gobierno de México detener la obra y analizar lo ocurrido en la construcción de esta autopista, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos discutía el caso.
Tras esta acción el gobierno mexicano, aún bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, se vio obligado a paralizar momentáneamente las obras en las zonas reclamadas por la comunidad indígena, mientras que el reto de los trabajos continuó casi de forma regular en el resto de la vía.
Al término del régimen de Enrique Peña Nieto, las condiciones cambiaron debido a la fuerte oposición que se gestaba con la campaña electoral que realizó Andrés Manuel López Obrador, mientras los casos de corrupción expuestos durante este periodo dejaron de manifiesto las acciones cometidas por el gobierno federal a favor del grupo comandado por Hinojosa Cantú.
Tras 12 años de lucha legal, represión y resistencia pacífica, el pasado miércoles se establecieron las modificaciones que buscan salvaguardar los bosques y manantiales de la zona de Xochicuautla.
La propuesta incluye la construcción 10 pasos o puentes para mantener la comunicación con ese ecosistema.
Además, la población será beneficiaria de un plan de desarrollo integral que contempla siete ejes, como son educación, cultura, salud, deporte, productividad sustentable, forestal y de infraestructura.
"Nos golpearon, nos reprimieron, nos criminalizaron, nos encarcelaron, nos amenazaron; destruyeron nuestros hogares y dividieron a nuestra comunidad, perdimos 12 años preciosos de compartir con nuestras familias, recorrimos todo el país y parte del mundo difundiendo nuestra lucha", comentó José Luis Fernández, integrante del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla.
A pesar del avance que obtuvo esta comunidad indígena, señalan que todavía es necesario revertir el daño ecológico que ha provocado la construcción de esta autopista, pero más aún, evitar que con la conclusión de esta vía se tenga la instalación de industria que dañe las zonas boscosas y de recargas acuíferas del alto Lerma.