Trabajadoras del Ayuntamiento de Naucalpan interpusieron 61 denuncias penales contra la alcaldesa Patricia Durán y el tesorero Leopoldo Corona por la retención de salarios que les adeudan desde hace seis quincenas sin que les hayan dado alguna explicación.
Las denunciantes son maestras de estancias infantiles pertenecientes al DIF a cargo de la administración municipal, así como trabajadores de confianza. Las denuncias se presentan por el delito de retención parcial o total de salarios, el cual está tipificado en el código penal del Estado de México.
Este martes, las afectadas acudieron a la Fiscalía Regional para interponer las denuncias penales ante el ministerio público, para solicitar a las autoridades que realicen las investigaciones necesarias para conocer el motivo por el cual se les han retenido los salarios, en algunos casos hasta por seis quincenas consecutivas.
En entrevista, la abogada Esther Tapia explicó que con las denuncias son contra la alcaldesa y el tesorero, ya que el Código Penal estatal “dice que no se podrán retener los salarios a los empleados por ningún motivo, salvo haya orden judicial o administrativa que lo ordene, pero en ninguno de estos casos existe”. Tapia lamentó que son miles de empleados a los que se les ha retenido el salario de manera injustificada, por lo que es posible que la cifra de denunciantes aumenté en los siguientes días.
“El municipio dice que ellos no tienen recursos económicos para realizar los pagos. Sin embargo en las gacetas municipales se establece un sobreejercicio de casi 1 mil 600 millones de pesos para el capítulo mil, que corresponde a servicios personales, sueldos y salarios”, explicó.
Además, “en 2020, en año de pandemia cuando no hubo labores, también hubo un sobreejercicio de 900 millones de pesos. Entonces no se entiende cómo se gastaron ese dinero en lugar de pagar deuda, y ahora repercute en no pagarle el salario a los empleados”, añadió Tapia, quien representa a las trabajadoras junto al abogado José Manuel Pérez.
Tras la interposición de las denuncias, la alcaldesa y el tesorero tendrán que presentar un informe al Ministerio Público.
La Fiscalía se negaba a recibir las denuncias
A pesar de que las denuncias fueron presentadas este martes ante la Fiscalía Regional, la autoridad se negaba a recibirlas.
El día lunes, las trabajadoras acudieron junto a sus abogados para dar inicio al procedimiento correspondiente, sin embargo tanto la Fiscalía Regional como la Especializada en el Combate a la Corrupción trataron de rechazar las denuncias al considerar que no correspondían a su competencia.
Por su parte, “la Fiscalía decía que no podía recibirlas porque no se sabía si correspondían a un acto de corrupción; pero precisamente es por eso que las denuncias se interponen, para que investiguen y entonces puedan determinar si hay indicios en la comisión del delito”, explicó Tapia.
La coordinación jurídica de la Fiscalía instruyó a la regional para que reciba las denuncias. Será el martes, cuando ambas fiscalías informen cuál de las dos llevará el caso e inicie las investigaciones. La abogada aseguró que no existen elementos ni motivos para que las denuncias sean rechazadas.