Integrantes de una comunidad indígena otomí de Huixquilucan promovieron ante la Cámara de Diputados y ante el Senado de la República juicios políticos en contra de los exgobernadores del Estado de México Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila, y del actual mandatario, Alfredo del Mazo, por la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, inaugurada el 21 de octubre.
Los inconformes explicaron que, pese a que el Poder Judicial de la Federación les reconoció la propiedad de las tierras donde fueron construidos 11 kilómetros lineales de la pista, los exmandatarios omitieron resoluciones judiciales y concluyeron la obra.
Juan Villegas, representante de comunidades indígenas como Ayotuxco, Yamazula y Quixtengo Guiloteapan, explicó que sin haber consultado a los pueblos originarios, en 2007, el exgobernador Enrique Peña Nieto dio la concesión de la obra a empresas extranjeras. Posteriormente, relató, el entonces mandatario Eruviel Ávila Villegas pidió la expropiación de 750 000 metros cuadrados, que incluyeron áreas naturales protegidas, motivo por el que se promovieron diversos amparos y el juez décimo tercero de distrito resolvió dejar sin efecto la expropiación.
Al respecto, Jorge Morales, director de Proyectos y Control de Obras del Gobierno del Estado de México, explicó que existen distintos amparos de líderes de personas indígenas que demandan tierras que no fueron debidamente expropiadas; sin embargo, aclaró que el Derecho no los ha asistido y existe una resolución judicial sobre los amparos que declaró infundada la violación a la suspensión, pues las comunidades no pueden determinar las áreas que reclaman.
"La obra tardó tantos años que cuando hubo una resolución de suspensión de la vía, se paró por completo. La autopista estuvo parada por años, hasta que se resolvió el tema jurídico y se reanudó. La autoridad siempre respetó el tema judicial", dijo Morales en entrevista.