Durante el segundo día de la actual administración, el Gobierno de la Ciudad de México tomó una decisión cuyos efectos aún se resienten tras casi dos años: frenar los trámites relacionados con la industria de la construcción. El argumento dado a conocer el 7 de diciembre de 2018 fue revisar todos los trámites en curso para identificar actos de corrupción.
Oficialmente, el cierre de ventanillas duraría sólo un mes, pero en la práctica, el frenón inmobiliario se alargó y los estragos se ligaron al confinamiento que obligó la pandemia de COVID-19, dejando al sector paralizado.
"Durante la campaña, Claudia Sheinbaum siempre tomó la bandera de que, para evitar la corrupción, iba a parar todo, y llegó y paró todo. Y paró cosas en las que seguramente había corrupción, pero otras en donde seguramente no. Ahora que parece que les interesa reactivar, no han podido", observó el arquitecto Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano.
Los primeros hallazgos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) fueron más de 700 "expedientes problemáticos", así como el ocultamiento de 41 de 124 solicitudes de polígonos de actuación, 95 de 191 peticiones de estudios de impacto urbano, y la revisión de 25 transferencias de potencialidades.
El urbanista Enrique Soto, académico de la Facultad de Arquitectura, subraya que faltó distinguir entre actos de corrupción y trámites que incumplían ciertos requisitos, pero que aún no eran otorgados: "Mi lectura de esa esa etapa es que hubo mucha ignorancia sobre ese tipo de procesos. Entraron y gran parte de la estructura de la Secretaría llegó a conocer esos procesos que se venían dando. Y ¿por qué lo digo de manera tan categórica? Porque esos instrumentos estaban en la ley y, hasta el día de hoy, se han fincado responsabilidades al anterior Secretario (Felipe de Jesús Gutiérrez), pero no asociadas al uso de esos instrumentos", señaló el maestro en Desarrollo Inmobiliario.
Tan sólo para julio de 2019, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios calculaba 7 200 millones de dólares de inversión congelada y 300 mil empleos detenidos en la capital del país. Ante el panorama adverso, agravado en 2020 por la pandemia, el Gobierno capitalino anunció en junio la inversión, pública y privada, de 76 267 millones de pesos para la reactivación de la economía, de la mano del sector de la construcción, y así generar 389 mil empleos directos en lo que resta del año.
"Lo más grave de todo eso es que cuando empezó la pandemia y ya tenían la urgencia de buscar mecanismos de reactivación. fue cuando empezó a hablar de reactivar la construcción", agregó Urbano.
Más allá de promesas de agilización de trámites para fomentar la construcción y la Ventanilla Única de Construcción, lamentó, la burocracia no permite desahogar todos los pendientes por falta de personal, producto de la misma pandemia: "Los trámites en línea no acaban de ser lo suficientemente eficientes que se requiere para sacarlos con la rapidez que se requiere", observó.
Sin embargo, el cambio de discurso y de circunstancias ha generado opiniones encontradas por parte de expertos, quienes, al final, dan un voto de confianza al sector inmobiliario por encima de las políticas y falta de instrumentos que permitan el crecimiento urbano que requiere la CDMX.
Yuri Zagorín, presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda del Valle de México (Canadevi) y fundador del despacho ZD+A, considera que el Gobierno capitalino avanza de forma adecuada tras el cambio de postura: "La dirección es positiva. El cambio todavía está por darse y estamos en proceso. Han sido meses complicados definitivamente. Hoy, todavía no hemos visto resultados, pero estamos en esa dirección".