El grupo parlamentario de Morena formalizó la iniciativa que plantea la reducción en 50% del financiamiento público ordinario a los partidos políticos, y fue turnada por el Pleno a las comisiones unidas para su análisis y dictamen.
De ser aprobada la reforma al artículo 66 del Código Electoral del Estado de México, dispondrá que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos "se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 32.5% (actualmente es por el 65%) del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización". Los ahorros, según la propuesta, deberán destinarse a programas y acciones de mejoras en zonas de media, alta y muy alta marginación.
Además, el segundo artículo transitorio dispone que "durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, los recursos no ejercidos se focalizarán hacia equipamiento, infraestructura y personal de salud para el control de enfermedades epidemiológicas e infecto-contagiosas, con prioridad en zonas de media, alta y muy alta marginación".
En la exposición de motivos, los diputados promotores, Beatriz García, Faustino de la Cruz y Gerardo Ulloa, recordaron que el financiamiento público busca garantizar a los partidos políticos los insumos suficientes para que la competencia electoral sea lo más equitativa posible y blindarlos del uso de recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, reconocieron, este modelo desvincula a los partidos de la sociedad, genera crecimiento desmedido de la burocracia partidista y gasto desmesurado del erario, los hace dependientes del Estado y provoca descontento popular.
El Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía (IFE, 2015) revela que los partidos políticos y los diputados tienen menos de 20% de confianza entre los ciudadanos; una de las causas, advirtieron, podría ser la percepción ciudadana respecto del financiamiento excesivo que no se ha visto reflejado en el fortalecimiento del régimen democrático. Por el contrario, señalaron, tenemos una democracia demasiado cara, con cargo al erario público. Para este año, los órganos electorales locales (Instituto y Tribunal) cuentan con un presupuesto de 1 475 millones 493 258 pesos, que incluyen 708 millones 925 354 pesos para el financiamiento público de los partidos políticos y de acceso a medios de comunicación.
“Motivados por el reclamo ciudadano y por la desilusión de la sociedad, consideramos necesario disminuir el gasto destinado al financiamiento de los partidos políticos, mientras los recursos para combatir la pobreza y otras necesidades de la población son evidentemente menores”, indicaron.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), plantearon, advierte que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta, al menos, una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades; y en pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria.
Bajo estas consideraciones, prosiguieron, en el Estado de México, más de 45% de la población está considerada en pobreza, y más de 5% vive en pobreza extrema, mientras Ecatepec, Chimalhuacán, Toluca, Nezahualcóyotl y Naucalpan son los municipios con habitantes más pobres a nivel federal. En contraste, dentro del Presupuesto de Egresos 2020, hay un incremento al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) por 97 millones 746 298 pesos, cantidad excesiva ante una inminente crisis económica generada por la pandemia a nivel mundial, y que requiere reactivar la economía y estar mejor preparados para atender una emergencia de esta magnitud.
“Sabemos que muchos se opondrán al ver afectados intereses personales, pero que al final, la voluntad de la mayoría y el cumplimiento a la transformación que tanto ha demandado nuestra ciudadanía se verá reflejado en la aprobación de esta reforma”, confiaron.