De estas inscripciones, sin embargo, apenas 24 han concluido y 157 se encuentran en proceso, generalmente porque se encuentra en suspenso la entrega de algún documento.
El además coordinador del grupo parlamentario de Morena explicó que los diputados locales podrán postular dos candidaturas por cada juzgado, dos por cada magistratura, y tres por cada magistratura de Tribunal de Disciplina Judicial.
Los seleccionados con perfil académico son María José Bernáldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho de la UAEMex; y Fátima Esther Martínez Mejía, directora de la Red de Académicas Feministas, licenciada en Derecho por la UAEMex, con maestría y doctorado en Humanidades.
Las personas interesadas deberán ser ciudadanas del estado y mexicanas por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; y residentes en la entidad durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria.
Duarte Olivares reafirmó que es obligación del Gobierno del Estado de México disponer de los fondos para la elección judicial, por lo que Óscar Flores, secretario de Finanzas, ha mantenido reuniones con el IEEM y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).
La consejera Sayonara Flores adviritó que no es del todo cierto que los partidos políticos no participarán en los comicios judiciales, pues lo hacen indirectamente a través de los candidatos que postularán los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Amalia Pulido, presidenta del IEEM, aseguró que ese monto es el mínimo necesario para atender los comicios, se construyó bajo los principios de racionalidad, eficiencia y disciplina financiera, representa 10% menos que la elección de ayuntamientos y diputados locales del año pasado, y se encuentra en un rango menor de lo solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Los nuevos magistrados y jueces surgirán de la elección abierta a los ciudadanos que se celebrará el primer domingo de junio de este año.
El diputado morenista Carlos Martínez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, indicó que las renuncias son un ejercicio legítimo del derecho de las personas que las presentaron, reconocido por la Constitución local.
De igual manera, prevé la pérdida del derecho a ser candidata o candidato, y si el aspirante ya hubiera sido propuesto por el Comité de Evaluación correspondiente o la autoridad que represente cada Poder, procederá la cancelación de la candidatura.
