Por unanimidad, la Legislatura mexiquense aprobó sancionar hasta con 1 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) -entre 8 688 y 130 320 pesos, en el entendido de que en 2020 la UMA equivale a 86.88 pesos diarios- la entrega de información falsa o el ocultamiento de datos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
La reforma, promovida por el morenista Gerardo Ulloa, establece multas de 100 a 150 veces el valor diario de la UMA (de 8 688 a 13 032 pesos, en 2020) a los servidores públicos y a todos aquellos quienes administren el erario y se nieguen a entregar información respecto del gasto público, la oculten o la entreguen parcialmente. El monto podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión por persistencia o reincidencia, hasta alcanzar 1 500 veces el valor diario de la UMA.
Las modificaciones a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México disponen que los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica que reciba o ejerza recursos públicos deberán proporcionar la información y documentación que solicite el OSFEM para efectos de sus auditorías e investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
La negativa y los actos de simulación para entorpecer u obstaculizar la actividad fiscalizadora, según la propuesta, serán sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Los servidores públicos, las personas físicas o jurídico colectivas públicas o privadas que aporten información falsa también serán sancionados en términos de la legislación penal aplicable, de ser el caso.
Para Ulloa Pérez, es necesario tomar medidas de apremio, pues existe resistencia a los requerimientos de información para la fiscalización y evaluación del OSFEM: “Es indispensable evitar que los responsables sean omisos ante tales obligaciones o actúen de mala fe al presentar documentación o información errónea para obstaculizar la función fiscalizadora a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México”.