Detrás de la queja instaurada contra 32 diputados del grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense por avalar el aumento al refrendo de placas de vehículos, hay “fuego amigo”, consideró el diputado Max Correa.
Correa Hernández indicó que lo anterior se advierte en que tres de los denunciantes ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) reconocieron que alguien más falsificó sus firmas para respaldar la queja, mientras el resto se negó al diálogo y a la conciliación –posibilidad que prevé el estatuto-.
Además, acusó que el procedimiento que les fue instaurado por la CNHJ tuvo diversas anomalías, como el hecho de que los acusados jamás conocieron a los denunciantes, no fueron notificados personalmente y la resolución apenas tiene las firmas electrónicas o digitales (no autógrafas) de los comisionados, lo que en cualquier trámite jurídico, afirmó, resulta inválido.
También expuso que la Comisión carece de un reglamento interno para dar certeza jurídica a sus procedimientos, de tal manera que sus integrantes operan bajo criterios subjetivos y algunos, como Víctor Suárez -quien se desempeña como subsecretario de autosuficiencia alimentaria-, se encuentran distraídos con cargos administrativos en el Gobierno Federal, como para poner la atención debida a su desempeño en el partido.
Por estas razones, consideró que el procedimiento pudo ser promovido por la expresión conocida como “Los Puros” –encabezada por Daniel Serrano Palacios-, debido a que las diputadas vinculadas con ella (Beatriz García Villegas, Elba Aldana, Alicia Mercado y Elizabeth Millán votaron en contra del incremento) no fueron sancionadas.
“Desde mi punto de vista se trató de un montaje para tratar de golpear a alguien, políticamente, al interior del partido, en vísperas del proceso de renovación interno”, destacó.
Aunque no descartó que el fallo del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) -que revocó el castigo de inhabilitación por seis meses o un año a los legisladores mexiquenses- sea impugnado ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confió en que serán ratificados los criterios de los magistrados locales.
A su decir, el respaldo al aumento al refrendo de ninguna manera se tradujo en un perjuicio para las clases sociales menos favorecidas, debido a que quienes cuentan con un vehículo gozan de mayor capacidad adquisitiva y, por tanto, no se trata de los sectores económicamente más desprotegidos de la población, como se arguyó en la queja interna, y tampoco se violentaron los estatutos del partido.