Al cierre del cuarto periodo ordinario de sesiones, la Legislatura mexiquense dejó en la congeladora una propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para hacer vinculatorios sus exhortos, pues a pesar de que a la fecha ha realizado infinidad de ellos, no todos se han cumplido porque no tienen un carácter obligatorio.
Entre los principales llamados desatendidos, se encuentra el aprobado por unanimidad en marzo de este año para agilizar la liberación del activista José Humbertus Pérez Espinoza, y otros como el exhorto para no autorizar el incremento en las tarifas del transporte público se promulgaron a destiempo -una vez que se avaló el ajuste tarifario.
Además, la reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México se publicó en Gaceta apenas a finales de diciembre, y la reforma al artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) sea designado sólo mediante el voto secreto de los magistrados, se promulgó casi un mes después de ser aprobada.
La propuesta presentada a finales de noviembre pasado por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón pretende establecer en la Constitución local que los puntos de acuerdo emitidos por el Congreso del Estado de México deben responderse obligatoriamente, ya que actualmente no son vinculantes y sus destinatarios no tienen la obligación de cumplirlos.
La diputada explicó que los puntos de acuerdo propuestos por los legisladores sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a algún grupo o región y se enfocan a formular algún exhorto o recomendación, reflejan la importancia de atender o dar solución a un asunto y son un mecanismo para darle trámite ágil y expedito.
“Se debe señalar que a este instrumento legislativo se le ha reconocido como un ‘llamado a misa’, puesto que el exhorto derivado del punto de acuerdo se atiende solo si se quiere; pese a ello, esta práctica ha sido el principal producto de las Legislaturas tanto locales como de la federal”, precisó la también presidenta de la Comisión de Legislación y Administración Municipal.
Por ejemplo, refirió, durante la 59 Legislatura del Estado de México –la anterior- fueron presentados 263 puntos de acuerdo, de los que se aprobaron 181, sin que se tenga certeza de cuántos fueron atendidos o cumplidos por las autoridades exhortadas.
Por otra parte, planteó, durante el primer periodo ordinario que concluyó el 30 de diciembre del 2018, la 60 Legislatura dedicó la tercera parte de su trabajo en el pleno a emitir exhortos y pronunciamientos para llamar la atención a diversas autoridades que a su juicio incumplieron con sus obligaciones.
La pevemista precisó que de 333 puntos presentados ante el pleno en ese periodo, al menos 110 fueron exhortos y pronunciamientos mediante los que igual se defendió al erario estatal de la empresa OHL que se exhibieron fallas en temas de seguridad, salud, educación, protección civil y rendición de cuentas.
Por esta razón, su iniciativa propone modificar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para puntualizar que esta facultad del Poder Legislativo debe ser respondida por aquellas autoridades a las que dirige los exhortos derivados de un punto de acuerdo.
El planteamiento contempla asentar que los puntos de acuerdo y exhortos deberán ser contestados por escrito, en un plazo de 30 días hábiles o de 20 días hábiles cuando se trate de acuerdos de urgente y obvia resolución y, en caso de incumplimiento, se atenderá lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
También plantea adecuar, en el mismo sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Adicionalmente, la reforma a esta última norma faculta a la Legislatura a dar vista a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México en caso de incumplimiento a sus exhortos para que se sancionen.
A la iniciativa, turnada a las comisiones respectivas para su análisis y posterior dictamen, se adhirieron las y los diputados perredistas Araceli Casasola y Claudia González Cerón; morenistas Julio Hernández y Max Correa; panista Reneé Rodríguez Yánez; pesedista María de Lourdes Garay; petista Francisco Solorza Luna y sin partido Rosa María Pineda.