La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que el gobierno estatal promovió contra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por los resultados del Censo de Población 2020 que arrojan una disminución de un millón cien mil habitantes en su territorio.
La inconformidad de la administración mexiquense radicó en el hecho de que, al reducir el número de pobladores, también se redujeron sus participaciones federales en más de 4 mil millones de pesos anuales, pues la cifra de habitantes es una variable que se toma en consideración a la hora de estimar los recursos públicos que la Federación asigna a las entidades federativas.
El censo 2020 contabilizó 16 millones 992 mil 418 habitantes en territorio mexiquense, pero la administración local estima que su población asciende a 18 millones. El gobierno estatal también cuestionó que 90% de las bajas registradas ese año en todo el país ocurrieron en el Estado de México.
“El nuevo censo que hizo el INEGI en el año 2020, en un año de pandemia, donde fue más complicado hacer un censo, de manera más sensible, por llamarle así, el país disminuyó de 127.4 millones de habitantes a 126.2 millones, bajó un millón 200 mil. De ese millón 200 mil habitantes que bajó el país, al Estado de México le bajaron un millón 100 mil”, refirió, en su momento, el gobernador Alfredo del Mazo.
El decremento de pobladores, explicó Del Mazo, se traduce en “una disminución de recursos para el estado y para los municipios”, con lo que, a partir de 2021, la administración estatal dejó de recibir 4 mil 400 millones de pesos anuales en participaciones.
En su impugnación, que había sido admitida a trámite por el ministro Luis María Aguilar, el gobierno mexiquense solicitaba a la Corte que ordenara la distribución de participaciones con base en el Conteo de Vivienda 2015. Después, el INEGI presentó un recurso de reclamación que este miércoles se declaró fundado y la Corte revocó el acuerdo de admisión de la controversia promovida por el Estado de México.
A propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, por mayoría de tres votos contra dos, los ministros consideraron que la controversia de las autoridades mexiquenses se presentó de forma extemporánea y no combatió los resultados del censo a través de los recursos previstos en la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía como vía jurídica adecuada.