El Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso sancionar la violencia digital y la ciberviolencia política de género con penas de hasta 12 años de cárcel.
Conforme a la iniciativa de reforma al Código Penal estatal, se castigará con entre tres y seis años de prisión a quienes intervengan, roben, copien, alteren, distribuyan, compren o vendan datos, imágenes, audios o videos de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, o cualquier espacio digital, sin el consentimiento de la víctima, con el propósito de causarle daño o ejercer cualquier tipo de violencia.
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Las penas se duplicarán, de manera que pueden alcanzar los 12 años de cárcel, cuando la víctima sea menor de edad, sea mujer y no tenga la capacidad de comprender el significado del acto, o cuando por cualquier causa no pueda resistirlo, incluso mediando su consentimiento.
Además, en caso de que el autor sea un partido político, precandidato, candidato, servidor público o medio de comunicación, la sanción se incrementará hasta en dos terceras partes.
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Según la iniciativa, remitida a dictamen de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la ciberviolencia política se entenderá como la violencia contra las mujeres en el espacio digital mediante internet, redes sociales, tecnologías digitales, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), inteligencia artificial y sistemas, redes o empresas de telecomunicaciones.
La ciberviolencia política, explica el documento, tiene el propósito de ejercer intervención, hackeo, espionaje, persecución, ataques basados en estereotipos, amenazas, ciberacoso, robo, copia, transmisión o destrucción de datos personales, alteración de datos electrónicos y suplantación de identidad.
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Esta modalidad puede extenderse al sicariato digital, entendido como la actividad ilícita de empresas o personas contratadas mediante perfiles y cuentas de redes sociales; terror psicológico digital y la ciberviolencia psicofamiliar, que produce efectos en la familia, hijos e hijas, cónyuges y padres, de forma que su entorno se vuelve inestable.
La propuesta además obliga al Estado y municipios a implementar mecanismos para prevenir y combatir está conducta; y a instrumentar programas de atención especializada y gratuita, legal, psicológica y asesoría de atención digital.
También se impulsará un plan de ciberseguridad con perspectiva de género para las mujeres víctimas, en congruencia con la estrategia estatal de ciberseguridad establecida por la policía cibernética, y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) deberá crear el Índice de Ciberviolencia Política de Género.