En el afán de fortalecer las políticas públicas y medidas para proteger a los menores de edad que viven en los penales mexiquenses –actualmente son 60-, el grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local propuso reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
La iniciativa de la diputada Karina Labastida obliga a las autoridades penitenciarias a brindar protección oportuna a las niñas y niños mexiquenses, y a que se les atienda en igualdad de condiciones en todos los servicios, antes que a los adultos.
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Estas medidas son viables, indicó la morenista, si se ejecuta correctamente el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Estatal para el fortalecimiento y mejora del sistema penitenciario; tan sólo para el ejercicio fiscal 2021, ese monto ascendió a 17 mil 800 millones 679 mil pesos.
Este dinero debía enfocarse en dos estrategias: incrementar la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones penitenciarias, e implementar mecanismos para la reinserción social.
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Labastida Sotelo, explicó que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2020 indica que la cifra total de personas recluidas en los centros penitenciarios federales, estatales y municipales, para entonces era de 210 mil 991 internos.
De ellos, 94.9% pertenece al género masculino y 5.1% al femenino; concretamente, para 2020 había en reclusión 10 mil 718 mujeres, para quienes la maternidad es un asunto omnipresente, pues 86.7% son madres y 78.9% tiene hijos o hijas menores de 18 años.
Pese a lo anterior, sólo 34 centros penitenciarios del país cuentan con espacios para la educación integral y formativa de las niñas y niños que viven con sus madres privadas de la libertad o madres adolescentes internadas.
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Datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, revelan que al cierre de 2020, a nivel país, 356 mujeres privadas de la libertad se encontraban embarazadas y/o en periodo de lactancia; 57.3% en lactancia. Además, 384 mujeres tenían consigo a sus hijos menores de seis años.
La Ley Nacional de Ejecución Penal establece como derechos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios, conservar la guardia y custodia de hijas o hijos menores de tres años, recibir alimentación adecuada y saludable y educación inicial para los menores.
También obliga a que las autoridades proporcionen a los niños vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, atención pediátrica, y acceder a los medios necesarios que permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado.
De igual manera, tienen derecho a contar con instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban atención médica, de conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud específicas.
Asimismo, la autoridad penitenciaria debe garantizar que haya espacios adecuados para el desarrollo integral de las hijas o hijos de las mujeres privadas de su libertad o, en su defecto, para el esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre.
Sin embargo, advirtió la morenista, la realidad está muy alejada y los menores se encuentran expuestos a un entorno de violencia, abuso de autoridad, drogadicción, sexualidad, depresión, angustia y desesperación que generan un ambiente nocivo para su desarrollo.