El Congreso del Estado de México analiza una reforma al Código Penal estatal para imponer penas de hasta 22 años y medio de prisión a quien obligue, permita o consienta una relación de hecho entre menores de edad o un matrimonio infantil, propuesta impulsada por el grupo parlamentario del PAN.
Actualmente, este delito se castiga con penas de dos a cuatro años de prisión y multas de 500 a dos mil días.
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El planteamiento surge ante la gravedad de los casos: en 2024 se abrieron más de 984 carpetas de investigación por abuso sexual vinculado a uniones forzadas de menores en territorio mexiquense.
La diputada Emma Álvarez, del PAN, expuso ante la Comisión de Procuración y Administración de Justicia que los municipios con mayor incidencia son Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan.
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Los legisladores propusieron involucrar al Poder Judicial estatal para enriquecer la iniciativa y evitar la criminalización de menores. Ejemplificaron que, en el Hospital de las Américas de Ecatepec, se registran mil 200 nacimientos mensuales, de los cuales 840 corresponden a madres menores de edad.
Por su parte, la diputada del PVEM Miriam Silva reconoció que la problemática trasciende los discursos y es un fenómeno nacional y estatal, y respaldó que la pena propuesta es proporcional al daño causado.
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La reforma plantea sancionar a quien obligue, induzca, coaccione, gestione o consienta una unión entre menores o entre una persona menor y un adulto, aun cuando sean los padres quienes promuevan la relación, sin importar usos, costumbres o creencias religiosas.
También contempla penas de 8 a 15 años de prisión y multas de mil a cuatro mil días, que podrían aumentar hasta la mitad —es decir, hasta 22.5 años y seis mil días multa— si el delito se comete con violencia o en perjuicio de menores con discapacidad o pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas.