El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso que en la entidad se sancione el incumplimiento de promesas de campaña, de tal manera que la omisión sea considerada una falta administrativa grave.
No obstante, para que el planteamiento sea una realidad a partir del siguiente proceso electoral (el de gobernador de 2023), debe ser aprobado y promulgado a más tardar a principios de septiembre próximo, lo que se antoja complicado debido a que la Legislatura local se encuentra en receso y el siguiente periodo ordinario inicia ese mes.
María Luisa Mendoza, coordinadora de los verdecologistas, anticipó una avalancha de promesas de campaña por las elecciones de 2023 y 2024; muchas, admitió, incluso inviables, con el único propósito de incitar al voto.
La legisladora consideró necesario sancionar el incumplimiento de los ofrecimientos, obligar a los candidatos a realizar un estudio minucioso para conocer las verdaderas y más urgentes necesidades de la ciudadanía, e invitar a los electores a realizar una valoración crítica de las propuestas.
Es decir, se obligará la responsabilidad de los candidatos e instará a la ciudadanía a realizar una evaluación crítica de los abanderados y sus ofertas.
Además, indicó, los compromisos de campaña se convertirían en eje de trabajo de los candidatos cuando lleguen a ser gobernantes o representantes populares y, en caso de incumplimiento, se podrá demandar una sanción.
La reforma contempla modificar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y el Código Electoral estatal, en materia de sanciones administrativas por incumplimiento de compromisos de campaña adquiridos mediante plataformas electorales.
“Con esta iniciativa se fomentaría la credibilidad de la ciudadanía en todo ente y persona que busca ostentar el poder público para representar dignamente los intereses del pueblo mediante el quehacer gubernamental,” indicó la diputada.
La propuesta fue remitida a las comisiones unidas para su análisis y posterior dictamen.