El Partido Acción Nacional (PAN) propuso a la Legislatura mexiquense una iniciativa que, de ser aprobada, debe turnarse al Congreso de la Unión para penalizar con entre uno y cinco años de prisión a los clientes de prostitución, hasta con ocho años a los reincidentes, y con hasta 15 años de cárcel cuando la persona prostituida sea menor de edad o en situación de vulnerabilidad.
Ingrid Schemelensky, promotora de la iniciativa, indicó que el objetivo de su propuesta es acabar con el comercio sexual, en el entendido de que “si no hay demanda, no habrá oferta”.
La prostitución, destacó la legisladora, debe ser abolida porque jamás se da en condiciones de libertad; nunca es objeto de un contrato de compra-venta entre personas iguales en derechos y libertades; no vende la actividad o el producto, como en cualquier trabajo, sino el propio cuerpo sin intermediarios, y éste no se puede separar de la personalidad.
El sistema prostitucional, dijo, es además un obstáculo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y una violación de la dignidad humana, por más que se justifique que siempre ha existido (igual que las guerras, la tortura, la esclavitud infantil o la muerte de miles de personas por hambre), lo que de cualquier manera no lo legitima.
Desde un punto de vista social, económico, cultural, emocional y psicológico, prosiguió, el sistema que organiza la compra y venta del acceso al cuerpo y a la sexualidad de otras personas, afecta a los grupos más vulnerables, siendo un terreno fértil para proxenetas y tratantes.
Las leyes mexicanas, sin embargo, lamentó, sancionan a quien se prostituye -cuando la persona puede ser víctima de trata y requiere protección-, pero no penaliza al cliente.
A la fecha, destacó, varios países se han declarado abolicionistas, combatiendo a la prostitución a través de la prohibición del mercado sexual: en Suecia, quien pague para tener relaciones sexuales es un delincuente y enfrenta hasta un año de cárcel; Francia castiga con hasta 3 mil 750 euros a quien pague por sexo.
También penalizan a los clientes Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur e Irlanda del Norte.
Con esta medida, confió, “nadie podrá beneficiarse en ningún caso de la prostitución ajena, ni organizar o facilitar la mercantilización del cuerpo humano y de su sexualidad; nadie tendrá acceso al cuerpo ajeno ni a su sexualidad, ni tampoco mantener relaciones sexuales a cambio del pago de dinero; y nadie quedará reducido a tener que vender el acceso a su cuerpo o a su sexualidad para poder sobrevivir y todo individuo tendrá el derecho efectivo y reclamable de no ser prostituido”.
Por tanto, con la iniciativa se plantea prohibir la realización de cualquier acto sexual que sea impuesto por dinero, descriminaliza a las personas prostituidas, involucra al conjunto de la sociedad en su cumplimiento e incluye la puesta en marcha de políticas públicas de salida de la prostitución.
“Alcanzar la victoria abolicionista en el país, será uno de los avances más importantes de los derechos de las mujeres, y cambiará el rumbo de la historia; es una lucha contra la violencia social y sexual, por los derechos humanos; por la emancipación de las mujeres y por la igualdad; logrando en todo lo posible, que el cuerpo humano y la sexualidad de las personas queden fuera del alcance de los mercados”, añadió.
Veneranda Mendoza Herrera