El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) promoverá la creación del Ingreso Básico Solidario por desempleo a causa de la pandemia de COVID-19, para garantizar apoyos de 3 943 pesos en favor de hasta 625 000 mexiquenses, para lo que será necesario un presupuesto de 7 401 millones de pesos.
La propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Social será promovida por José Antonio García, quien anticipó que en los próximos días se presentará formalmente ante la Diputación Permanente.
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El legislador señaló que la propuesta del Ingreso Básico Solidario consta de la entrega de un apoyo económico por parte del gobierno del Estado de México hasta por tres meses, equivalente a treinta y dos días de salario mínimo general vigente en la capital de la entidad, para personas que perdieron su empleo, teniendo prioridad los adultos mayores y mujeres jefas de familia.
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García García refirió que datos del IMSS y proyecciones dadas a conocer por el presidente de la república anticipan que "al finalizar el mes de mayo, más de un millón 153 000 personas perderían su empleo formal a nivel nacional, mientras que en la entidad mexiquense, hasta el pasado mes de abril, se perdieron más de 140 000 empleos formales a causa de la contingencia sanitaria generada por la pandemia”.
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Con el Ingreso Básico Solidario, confió, "podrían beneficiarse hasta 200 000 mexiquenses que pierdan su empleo formal a causa de la pandemia del COVID-19; además de beneficiar a los 425 671 mexiquenses reportados por el INEGI, que se encontraban sin empleo formal o informal durante el primer trimestre del presente año, quienes de no apoyarse podrían estar expuestos a caer en pobreza y se sumarían a los 7.5 millones de mexiquenses que actualmente se encuentran en dicha condición de vulnerabilidad”.
La propuesta, afirmó, ha sido respaldada por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los cuales han planteado a los gobiernos implementar este tipo políticas públicas con la finalidad de combatir la pobreza, satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, cuestión crucial para lograr una reactivación económica sólida y relativamente rápida.
Costear esta propuesta requeriría un presupuesto aproximado de 7 401 millones de pesos, cifra que desde el punto de vista del congresista no implicaría un gasto excesivo al erario público estatal, pues la iniciativa propone que "para dar cumplimiento a la reforma, los recursos se obtengan de los 8 085.9 millones de pesos del superávit generado en el Ejercicio Fiscal 2019, de los recursos que no gastaron los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los órganos autónomos ni los auxiliares, según lo reportado en la Cuenta Pública 2019”.