Con la finalidad de regular los incrementos en las tarifas del transporte público, el grupo parlamentario de Morena propuso la creación de una Comisión Mixta de Tarifas, que se encargue de evaluar las condiciones para determinar la procedencia o improcedencia de los ajustes.
La denominada Ley Antitarifazos, promovida por los diputados Faustino de la Cruz, Emiliano Aguirre y Carmen de la Rosa, además, obliga a los concesionarios a otorgar tarifas preferenciales a sectores vulnerables, como estudiantes y personas de la tercera edad, y a las autoridades a subsidiar esta actividad cuando no sea costeable.
Los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Código Administrativo del Estado de México y la Ley de Movilidad del Estado de México plantean la creación de la Comisión Mixta de Tarifas.
Éste será un organismo colegiado facultado para aprobar la actualización de las tarifas del servicio de transporte público, tarifas preferenciales con descuentos del 50% a personas de la tercera edad y estudiantes, exenciones a personas con discapacidad, niñas y niños, e implementar un nuevo procedimiento para la fijación de tarifas.
De esta forma, confían, se erradicará la discrecionalidad en los tarifazos.
También prevé crear el Fondo Estatal Auxiliar para el Transporte Público y Tarifas (FESAUTT), mediante el que se solventen subisdios para este sector.
De la Cruz destacó que los diputados locales no son autoridad competente para autorizar el aumento de tarifas, organismo ratificador de la decisión ni partícipe de incrementos a servicios como el transporte público.
“La revisión de tarifas es regulada por el secretario de Movilidad, compete única y exclusivamente al gobernador mediante sus dependencias”, aclaró.
Recordó que hace dos años el gobierno estatal autorizó que la tarifa mínima pasara de 10 a 12 pesos (el ajuste fue de 20%) y Morena fue el único grupo parlamentario que se opuso a la medida y realizó diversos exhortos que no fueron atendidos.
La ciudadanía, dijo, aún percibe de manera negativa el incremento, pues no se ha cumplido con mejorar las condiciones de seguridad, eficiencia y calidad del servicio.
A la fecha, indicó, de las 168 mil unidades concesionarias de transporte público que diariamente transportan a 8 millones de mexiquenses, se desconoce el número de vehículos que cumplen con la regulación requerida, no hay certidumbre, modernización administrativa y muchas unidades no se han conectado al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).
Además, indicó, los usuarios deben enfrentar los reiterados delitos a bordo de las unidades, pues tan solo en cinco meses del 2021, se registraron 6 mil 690 casos, sin contar la cifra negra de incidentes que no se denuncian.
El Estado de México, señaló, ocupa el tercer lugar del país en pasaje más caro, sólo por debajo de Nuevo León y Baja California; y el gasto en transporte es el segundo más importante en las familias mexiquenses.
El legislador reconoció que los transportistas tienen que lidiar con diversos pagos y ajustes, mientras el gobierno estatal no ha tomado medidas para reducir las deficiencias en movilidad, y demuestra falta de interés, visión y empatía hacia la ciudadanía y el gremio del transporte.
“Autorizar el aumento al pasaje representa sólo una solución temporal y a corto plazo, no resuelve el problema de fondo, por lo que observamos la imperiosa necesidad de regular los ordenamientos legales en materia de movilidad para dar paso a la Ley Antitarifazos”, indicó.