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Publicado en EDOMÉX

Propone GPPT; Expulsión inmediata de agresores de violencia intrafamiliar en el Edoméx

Viernes, 28 Febrero 2025 09:59 Escrito por 
La iniciativa también busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del agresor respecto a la propiedad La iniciativa también busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del agresor respecto a la propiedad

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) propuso reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México para obligar a los agresores de violencia intrafamiliar a desalojar de inmediato el domicilio de la víctima. La iniciativa busca frenar este fenómeno, ya que en 2024 se registraron en la entidad 76 casos diarios de violencia intrafamiliar.

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, autora de la propuesta, planteó que la desocupación del inmueble debe efectuarse independientemente de la acreditación de propiedad o posesión, incluso en casos de arrendamiento o régimen de sociedad conyugal o separación de bienes.

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Leyva Piñón destacó que en 2024 se contabilizaron 27 mil casos de violencia intrafamiliar en el Estado de México, lo que hace urgente evitar que los agresores compartan el hogar con sus víctimas. Para ello, la iniciativa establece que las autoridades deben ordenar la inmediata desocupación del domicilio por parte del agresor.

Según la propuesta, estas órdenes tendrán una vigencia máxima de 15 días naturales, periodo en el cual la autoridad jurisdiccional deberá llevar a cabo los procedimientos necesarios para ampliar la medida en caso de ser necesario.

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La legisladora subrayó que la normativa vigente obliga a todas las autoridades involucradas en la protección de las mujeres víctimas de violencia a actuar bajo los principios de oportunidad y eficacia, con el fin de garantizar su vida, integridad física, libertad y seguridad.

Además, recordó que la violencia familiar es la principal causa del resguardo de menores en los albergues del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), afectando a al menos 900 niñas y niños.

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Por ello, la iniciativa también busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del agresor respecto a la propiedad o posesión del inmueble, así como de los apoyos económicos previamente brindados para su manutención.