Los avances en materia de adopción en el Estado de México, podrían registrar un retraso esto debido a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Familiares y Civiles, así lo detalló Cuitláhuac García Perea, Procurador de Protección de niñas, niños y adolescentes de la entidad.
“La implementación del código puede ser incluso regresiva, en cuanto a lo que la entidad había avanzado, por ejemplo, en el procedimiento sumario de adopción”.
El procurador señaló que son varios los desafíos, ya que el Estado de México es la entidad que llevaba más avances en la protección de niños, niñas y adolescentes en materia legislativa.
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Destacó como fundamental los daños en el proceso de adopción, porque el Poder Judicial del Estado de México lo tiene legislado y vigente, y gracias a eso es la entidad más importante en cuanto a restituir el derecho de los niños a vivir en familia, y con esta revisión del Código, esta figura no está considerada, “entonces sí puede ser que se retrasen los procesos”.
Hasta el momento en el Estado de México se han logrado hasta 80 adopciones de niños, niñas y adolescentes, desde recién nacidos hasta los 16 años, siendo la media los ocho años de edad, mientras que otras entidades llegan apenas a 10 casos.
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“Muchos de los niños son expósitos, situaciones en las que inmediatamente son registrados, pues el primer derecho de un menor es tener identidad y a partir de ahí resolvemos jurídicamente su situación, los presentamos”.
Recordó que luego de la adopción, durante el primer año el PJEM realiza cada dos meses una valoración sobre el estado físico, emocional, psicológico del menor y de la familia.
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"Cada dos meses estamos haciendo valoraciones respecto de su estado físico, emocional, psicológico, también evaluamos a la familia, porque tiene que empatar, entonces cada dos meses durante el primer año vamos evaluándolos, después vamos espaciándolos, y durante dos años o dos años y medio si es necesario les continuamos dando valoraciones".
Finalmente, comento, que en lo que va de la actual administración estatal, la Procuraduría a su cargo no ha revocado un proceso de adopción por maltrato al menor, sin embargo, en la pasada administración hubo un caso en el que la persona dada en adopción fue diagnosticada con una enfermedad mental.