El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Legislatura mexiquense no tiene previsto adherirse a la controversia constitucional que la bancada de Acción Nacional (PAN) pretende promover contra la reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México que permite a senadores, diputados y militantes de partidos políticos aspirar a convertirse en auditor de la entidad.
Miguel Sámano, coordinador del tricolor, indicó que su bancada es muy respetuosa "del actuar de cada grupo parlamentario", por lo que respeta la decisión del albiceleste de impugnar la modificación, si bien el PRI también votó en contra de la reforma promovida por Morena.
"Hay una excelente relación y, sobre todo, coordinación muy estrecha entre todos los grupos parlamentarios al seno de la Junta de Coordinación Política, pero cada grupo parlamentario tiene su propia opinión", expuso.
En todo caso, manifestó, el Revolucionario Institucional ha dejado muy clara su posición sobre el tema, mediante el posicionamiento que en su momento realizó la diputada Iveth Bernal. "Lo que ella dijo es el sentir del grupo parlamentario", comentó.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que, en todo caso, la reforma se frene mediante el veto del gobernador, evadió con el argumento de que eso tendrá que decidirlo el mandatario, pues esa decisión es su facultad exclusiva.
"No sé (si el gobernador vetara el cambio avalado por la mayoría de Morena y sus aliados). El PRI votó en contra pero eso no significa que podamos sugerir o decidir, somos tres Poderes", expuso.
Durante la discusión de la propuesta, Bernal Cacique dijo que el principio de imparcialidad garantiza una mayor confianza en la actuación de cualquier autoridad; y que sólo al no existir una vinculación entre las partes, las decisiones que se tomen atienden a criterios objetivos, sin influencias, sesgos, prejuicios o tratos diferenciados.
"Este principio constitucional confiere igualdad de tratamiento en igualdad de circunstancias a los ciudadanos, sirve a los intereses generales y no a los de un grupo, partido o fracción política, evita cualquier tratamiento preferencial, discriminación, abuso del poder o de la autoridad hacia cualquier persona o grupo de personas con quienes su actividad pública se relacione", manifestó.
El artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recordó, refiere que uno de los impedimentos para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación es no haber sido, entre otros, senador o diputado federal durante el año previo al día de su nombramiento; y el artículo 79 de este mismo ordenamiento refiere que durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.
La reforma, indicó, no está en concordancia con el proceso de fiscalización dispuesto en la Constitución Federal y en sus Leyes Reglamentarias.
"En el PRI creemos que esta propuesta no garantizará una mayor imparcialidad en la actuación del titular del Órgano Superior de Fiscalización, en caso de que sea miembro de algún partido político, legislador federal o local con licencia.