Bajo el argumento de evitar que las decisiones se contaminen con intereses políticos, la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), acordó dictaminar las Cuentas Públicas Estatal y Municipales del ejercicio fiscal 2019 hasta después de las elecciones del 06 de junio.
La determinación, promovida por el presidente de la Comisión, Tanech Sánchez, fue avalada por unanimidad de los integrantes, sin mayor discusión.
Conforme al proyecto de calendario, la Cuenta Pública del Estado de México se revisará en cuatro sesiones. Si bien el 21 de abril iniciará el análisis, éste continuará hasta el 9 de junio, después el 16 y el 23 se dictaminará.
También para revisar las Cuentas Públicas Municipales se tienen previstas cuatro reuniones que iniciarán el 30 de junio, después se realizarán el 7, 14 y 21 de julio, para dictaminar éste último día y subir el dictamen al pleno el día siguiente.
“El propósito de dejar el lapso entre el 21 de abril y el 9 de junio es dar apertura a que muchas y muchos integrantes de la Comsiión solcitarpan licencia, además en función del proceso electoral, las campañas inician a finales de abril, para que no se vea influido en ningún sentido la revisión de este informe en razón del proceso electoral”, explicó Sánchez Ángeles.
El morenista explicó que los integrantes de la Comisión podrán enviar, hasta el 18 de abril, a su correo la primera tanda de cuestionamientos para que la auditora superior, Miroslava Carrillo, las responda el 21 de abril.
Durante la presentación del informe de resultados de la revisión, la titular del OSFEM refirió que realizó observaciones por 17 mil millones de pesos que deben ser aclarados y/o solventados por los organismos públicos para que no se conviertan en responsabilidades. Del total, alrededor de 15 mil millones corresponden la Cuenta Pública Estatal, y de éste monto, más de mil 564 millones están relacionados con los programas sociales ´´específicamente en las 15 vertientes del Salario Rosa´´, donde se encontró duplicidad de beneficiarios en el programa de apoyo a jóvenes, falyta de certeza de que la ayuda económica y servicios se hayan destinado a la población objetivo y que el padrón de beneficiarias no es confiable.
Específicamente, la vertiente de Beca Educativa mostró que en algunos casos se destinaron apoyos a beneficiarios que no cumplieron con el promedio mínimo de 8 y la calificación más baja detectada fue de 5.17.
De la revisión a las cuotas y aportaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), se encontró un monto por aclarar de mil 686 millones de pesos, además la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) incurrió en falta de seguimiento de saldos en conciliaciones bancarias desde el ejercicio 2006, generó un probable daño patrimonial relacionado con el pago de multas y recargos por pago extemporáneo de impuestos; y se identificó que beneficia a un servidor público que está impedido para desarrollar dos empleos, cargos o comisiones y actualmente trabaja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), éste último organismo habría generado un probable daño patrimonial por 2 millones 129 mil pesos.
También se encontró que el Poder Legislativo carece del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), mientras el Poder Judicial no aplica la normatividad vigente en sus procedimientos adquisitivos.
Mientras, los órganos municipales (ayuntamientos, sistemas DIF, organismos de agua potable, Institutos del Deporte, etc.) fueron observados en conjunto por 2 mil 200 millones 619 mil pesos, tras realizar 406 auditorías y revisiones de gabinete de tipo financiero, de obra y patrimonial.