De 2018 a la fecha, la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) estima que al menos 200 internos han sido asesinados en los penales mexiquenses, a los que se agregó un homicidio en los últimos 15 días y dos muertes por omisión para la atención médica oportuna.
Por esta razón, el diputado local Ariel Juárez, presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, insistió en la necesidad de que las autoridades penitenciarias de la entidad respondan sobre las muertes de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), principalmente las recientes ocurridas en los centros de reinserción social de Barrientos, Chiconautla y Chalco.
A los decesos, se suman otros abusos que disminuyen las condiciones y salud de los internos, como en el caso de Manuel, un PPL del penal de Chalco, a quien le fue amputada una pierna presuntamente porque fue golpeado porque su familia no tuvo dinero para pagar “la talacha”.
Juárez Rodríguez indicó que estos elementos fortalecen las denuncias de los familiares en el sentido de que las muertes de sus PPL ocurren por negligencia, abuso de autoridad y omisión, pues tampoco se les garantiza el derecho humano a la salud.
La problemática anterior, reiteró, se suma a los señalamientos de corrupción, extorsiones, malos manejos, violaciones a los derechos humanos de los internos y las visitas, en los centros penitenciarios de la entidad, por lo que además advirtió como urgente la depuración de autoridades penitenciarias, que se dote de ambulancias a las cárceles y que los operadores de justicia cumplan con la certificación de confianza.