La posibilidad de que los agresores que atacan con ácido sean sancionados de manera ejemplar, como feminicidas en grado de tentativa, sigue detenida, ya que la propuesta de la Fundación Carmen Sánchez A.C. para agravar las penas en estos casos permanece en la congeladora del Congreso mexiquense.
Carmen Sánchez, fundadora de la asociación y víctima de violencia ácida, advirtió que no basta con que estos ataques sean considerados solo como una agravante del delito de lesiones.
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“Este tipo de violencia nos deja con discapacidad, pero al quedar como agravante del delito de lesiones, la sanción es de entre 4 y 12 años de prisión, mientras a nosotras nos arrebatan toda una vida, perdemos nuestra identidad”, denunció.
Como ejemplo, mencionó el caso de Esmeralda Millán, cuya agresor tiene 27 años. Si recibe la pena máxima de 12 años y obtiene beneficios para reducir su condena, existe el riesgo de que, al salir de prisión, concrete su crimen, pues su intención era matar a su víctima.
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Desde su perspectiva, los ataques con ácido deberían equipararse con el feminicidio en grado de tentativa, tal como ocurrió en su caso, cuando su agresor, Efrén García Ramírez, fue sentenciado a 46 años y 8 meses de prisión en un fallo histórico.
“En 2023 se logró una sentencia histórica contra el hombre que intentó asesinarme. Es la primera en México y América Latina que castiga este tipo de violencia como tentativa de feminicidio. Es un gran precedente para que jueces y juezas lo tomen en cuenta, además de los peritajes especializados en violencia ácida y todo el trabajo de la Fundación”, señaló.
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Sin embargo, lamentó que la iniciativa de reforma impulsada por su organización y varias víctimas para endurecer las penas contra los agresores sigue detenida.
“No hemos tenido ningún llamado. Estamos a la espera de que nos convoquen para fortalecer la propuesta y que vaya acompañada de las políticas públicas necesarias. Buscamos que se tipifique de la mejor manera, con penas altas y ejemplares”, expresó.
Por ello, agregó, buscan establecer mesas de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de las Mujeres.
“Queremos que las instancias expertas determinen si se trata de una modalidad de violencia —como sugieren algunas autoridades— o si es una forma de violencia autónoma, que es lo que nosotras consideramos”, concluyó.