El diputado Max Correa se pronunció a favor de eliminar el llamado tarifazo y desaparecer el Dictamen Único de Factibilidad (DUF), como un mecanismo para disminuir el impacto económico del COVID-19 entre los mexiquenses.
Para el morenista, la disminución del precio de los combustibles hace inviable el incremento de 20% a las tarifas del transporte público que autorizó el gobernador Alfredo del Mazo a principios de año, y que significó un duro golpe al bolsillo de la población.
El legislador consideró que la eliminación del tarifazo debe ir acompañada de un descuento de 50% en los pagos de derechos y multas a los transportistas, y de un paquete de tasas blandas en créditos y seguros, en acuerdo con armadoras y financieras.
En cuanto al DUF, alertó que el trámite se ha convertido en un incentivo para la corrupción, al impedir la apertura de negocios e inversión, en contraposición con lo ofertado.
La tramitología, lamentó, tiene atoradas a muchas micro, pequeñas y medianas empresas, y en un momento en que lo que menos se requiere son trabas para incentivar la economía, destacó la importancia de suspender el dictamen y dar oportunidad a los empresarios, bajo protesta de decir verdad, para que cumplan en un tiempo perentorio con los trámites para poner
en orden sus negocios.
También consideró que, de igual modo, los cabildos deben aprobar medidas similares en los ámbitos de su competencia y conforme a sus posibilidades presupuestales; por ejemplo, expuso, en los dictámenes de Protección Civil.
El también dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC) indicó que, de forma paralela, en el campo mexiquense debe impulsarse un programa de incremento a la producción de maíz nativo y la creación de una reserva estratégica de alimentos en granos, apoyo a pequeños almacenes ejidales y comunitarios, capacitación para la conservación de frutas,
hortalizas y carnes, financiamiento para disminución de pérdidas post-cosecha, fortalecimiento de bancos de alimentos y convenios con centrales de abasto y tiendas de autoservicio.
Consideró que las administraciones municipales deben implementar programas de protección con equipo a recolectores de basura, y ser instalados hidrantes para lavarse las manos en paraderos concurridos de transporte público.
De igual manera, recomendó retrasar el cobro de algunos derechos e impuestos “porque los gobiernos -estatal y municipales- deben tomar decisiones administrativas y legales para que la economía no se vea severamente dañada con esta pandemia”.