Tercer recurso contra el tarifazo
El colectivo Migala Estado de México, acompañado por activistas del Frente Estatal No al Tarifazo, interpondrá este miércoles un amparo —el tercero desde que entró en vigor la nueva tarifa— en contra del aumento del pasaje en el transporte público concesionado de la entidad.
El acuerdo que desató la inconformidad
El recurso impugna el acuerdo del secretario de Movilidad, *Daniel Sibaja, promulgado el 10 de octubre pasado para modificar las tarifas del servicio público en las modalidades de colectivo y mixto. Dicho ajuste, vigente desde el **15 de octubre, elevó la tarifa mínima de 12 a 14 pesos, más 25 centavos por kilómetro adicional.
Alegan violaciones a derechos fundamentales
La organización sostiene que el acuerdo vulnera derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales: al debido proceso, la seguridad jurídica, la movilidad en condiciones de igualdad y el mínimo vital.
“El aumento fue decretado sin un procedimiento transparente ni una justificación técnica accesible al público —afirman—, impidiendo que las personas usuarias pudiéramos ser escuchadas o participar en una decisión que afecta directamente nuestra economía y calidad de vida”.
Impacto en los sectores más vulnerables
El documento subraya que el incremento afecta directamente a trabajadores, estudiantes, madres de familia, adultos mayores y comunidades originarias, quienes dependen del transporte público para trasladarse.
Además, el aumento golpea con mayor fuerza a los sectores de bajos ingresos, pues muchos destinan una parte considerable de su salario al transporte, reduciendo su capacidad para cubrir necesidades básicas.
Sin mejora proporcional del servicio
Aunque el acuerdo señala que el alza busca “garantizar la modernización y viabilidad del servicio”, el amparo sostiene que no hay evidencia de una mejora inmediata o proporcional, sino únicamente una transferencia de carga económica a los usuarios, lo que rompe el principio de equidad en la prestación de servicios públicos.
Falta de transparencia en el estudio técnico
El documento cuestiona que el “Estudio Técnico y Dictamen Financiero” elaborado por el Instituto del Transporte del Estado de México no fue publicado ni puesto a disposición del público, impidiendo conocer los datos y metodologías usados para justificar el incremento. Esto, afirman, viola el principio de transparencia administrativa previsto en el artículo 6° constitucional.
Sin voz ciudadana en la Comisión Revisora
También denuncian que la Comisión Revisora de Tarifas estuvo integrada solo por autoridades estatales y representantes de concesionarios, sin incluir a usuarios o ciudadanos, pese a que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial exige la participación de los sectores afectados.
Defensa colectiva de derechos
“El aumento impacta de manera homogénea en toda la colectividad usuaria del transporte público, que carece de alternativas reales de movilidad”, advierte el recurso. Por ello, el acto reclamado trasciende los intereses individuales y configura un interés legítimo común, al afectar el acceso a un servicio público esencial.
“Este tipo de interés tiene relevancia constitucional y social —añade—, pues busca proteger no solo mi situación jurídica individual, sino también la de toda la comunidad usuaria del transporte público”.
Llamado a un análisis con enfoque social
El colectivo solicita que el análisis del amparo considere el impacto social y estructural del incremento, al afectar por igual a todos los usuarios que dependen del transporte público en el Estado de México.