Con el propósito de destinar recursos a la reactivación económica en la entidad, tan necesaria por los estragos que está dejando la pandemia de Covid-19 en la economía, parlamentarios integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico para la reforma integral de la Constitución mexiquense se pronunciaron por aprobar una Ley de Austeridad del Estado de México para reencaminar los ahorros a través de apoyos a las pequeñas y medianas empresas, así como el establecimiento de la renta básica para desempleados o personas en situación de pobreza.
El parlamentario Benjamín Murguía consideró necesario exhortar al gobernador Alfredo del Mazo para que promueva la reactivación económica, que en los 125 municipios se impulsen corredores ecoturísticos y que los ayuntamientos generen convenios con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Instituto Mexiquense de la Juventud para proyectos de gestión que incentiven la economía y vinculen a jóvenes recién egresados y personas de la tercera edad con empresas.
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Sin embargo, Víctor Manuel Enciso consideró que el adverso panorama de desempleo en la entidad no requiere sólo un exhorto.
Es momento, indicó, de atreverse a crear la Ley de Austeridad estatal que considere un fondo especial ante situaciones emergentes como la actual pandemia.
“Que se tome en cuenta la redacción de una nueva Ley de Austeridad para que existan fondos con los que atender una eventual reactivación económica y que el gobierno pueda dispersar recursos para micros y pequeños comerciantes porque son ellos en quienes radica la pujanza del desarrollo económico del estado”, planteó.
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El parlamentario Alexis Olvera propuso la entrega del Ingreso Mexiquense, una renta básica de hasta mil 750 pesos mensuales para desempleados, personas en pobreza y pobreza extrema, pero sus compañeros de comisión consideraron preferible fortalecer los salarios y la economía interna.
Alejandro Tapia, por ejemplo, calificó la propuesta como asistencialista; si bien beneficiaría a 887 mil familias consideradas en pobreza, podría usarse con fines electorales y no abatiría la marginación.
Para Víctor Enciso ya no es prudente seguir con políticas asistencialistas, mientras en el gobierno estatal hay una falta de voluntad por someterse a una política de austeridad, es necesario, dijo, cambiar el asistencialismo por un estado providencia.
La parlamentaria Magdalena Carrasco presentó una iniciativa para que autoridades estatales y municipales asignen un presupuesto anual a los mercados públicos, pues aunque se legisló sobre el cobro del uso y aprovechamiento de estos, no se consideró recurso para su mantenimiento e infraestructura.
También llamó al gobernador Alfredo del Mazo para que los 650 mercados públicos de la entidad se declaren patrimonio tangible e intangible, como ya ocurrió en la Ciudad de México, y que el secretario de Desarrollo Económico establezca medidas de resguardo, conservación y recuperación de este sector que genera más de 77 mil empleos.
En tanto, Ubaldo Ramírez propuso legislar para que se establezca el derecho a la desconexión física o digital al término de la jornada laboral, pues debido a la pandemia, que obliga a realizar trabajo en casa a miles de personas, las jornadas se han extendido más allá de ocho horas diarias, lo cual ha reducido el descanso y aumentó el agotamiento y el estrés.