Reducir de nueve a cuatro años la duración del cargo del fiscal general de Justicia del Estado de México es la propuesta ciudadana que logró consensos en la Comisión de Seguridad y Justicia del Parlamento Abierto para la reforma de la Constitución local.
Con este planteamiento se busca aminorar el margen de incurrir en excesos de poder y corrupción.
Además de sancionar falsas imputaciones e investigaciones y errores jurídicos graves, que provoquen desde la pérdida de patrimonio hasta la pérdida de la libertad, de los ministerios públicos y jueces.
El parlamentario Salvador Saldívar recordó que hoy la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México considera que el fiscal dure nueve años en su cargo, por lo que planteó que se reduzca el periodo, como en otras entidades.
Ejemplificó que en Jalisco y Puebla es de siete años el periodo del fiscal; en Nuevo León, de seis; en Veracruz, de cinco, y en la Ciudad de México, de cuatro años.
Por lo que su planteamiento contempla cuatro años en el Estado de México, con opción a ratificación.
“Que el fiscal dure nueve años en el cargo puede representar un cheque en blanco y da posibilidad a generar excesos de poder y de corrupción que involucren negativamente su desempeño y actuación, en detrimento de la actuación pronta y expedita hacia cualquier ciudadano”, expuso.
Yolanda Estrada también propuso que el cargo del fiscal se reduzca, pero a tres años, aunque para que no coincida con el periodo de gobernador y/o diputados, aceptó que podrían ser cuatro, pues un largo periodo genera vínculos y corrupción, y propicia favores a grupos delictivos, mientras un periodo más corto debilitaría la mafia de corrupción en la corporación que ya es un lastre para los mexiquenses.
Al debatir el tema, Juan Carlos Santiago consideró que la Fiscalía estatal es una de las instituciones con mayor falta de credibilidad y mantiene añejos vicios, pese a reformas en la materia, como malos tratos, corrupción e ineficiencia de los ministerios públicos.
Si bien manifestó su disenso por reducir el periodo, pues desde su punto de vista eso evita que responda a pesos y contrapesos de los poderes y la posibilidad de investigar al gobernador en turno y a los legisladores, se pronunció por sancionar toda investigación fraudulenta y a ministerios públicos que actúen de forma indebida, y por atender los vicios que son solapados por el Poder Judicial.
Por esta razón, Santiago Jiménez además presentó una iniciativa para que la Constitución considere el error judicial como toda equivocación grave cometida dolosamente por el juez o magistrado que cause daño significativo a las partes en el proceso, para que éste se sancione en el ámbito civil y administrativo, y se considere la reparación del daño mediante una compensación económica, además de establecer, desde la Carta Magna, que los ministerios públicos deben gozar de autonomía para que no tengan que pedir autorización de sus superiores jerárquicos, a fin de hacer valer beneficios como el juicio abreviado, pues ante todo debe prevalecer la posibilidad de garantizar la reparación del daño a la víctima.
También se propuso que el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral del Estado de México pertenezcan al Poder Judicial y no al Ejecutivo, que los magistrados sean designados por el Poder Legislativo, y que en ambos aplique la oralidad; que se garantice una pronta actuación judicial, debido a que en la actualidad la simple notificación a una autoridad demandada tarda hasta tres meses.
Todos estos planteamientos obtuvieron un mayor consenso, frente al disenso y las abstenciones.
Algunos parlamentarios que también son litigantes denunciaron que en las fiscalías regionales desaparecen “misteriosamente” los expedientes y hay contubernio de fiscales generales y ministerios públicos con los delincuentes.
El parlamentario Miguel Ángel Saavedra planteó que la Constitución local reconozca los medios alternativos de resolución de controversias, sin necesidad de llegar a un proceso jurisdiccional que suele ser largo, caro y desgastante y fomenta la carga de trabajo al Poder Judicial.
“Los medios alternativos de solución de conflictos son instrumento idóneo para solucionarlos, reconocer los derechos entre ambas partes, fomenta el diálogo y la cultura de paz”, expuso.
En tanto, Francisco Gómez propuso una reforma integral del modelo de seguridad y fomentar la policía de proximidad, una mayor profesionalización de titulares de fiscalías generales y especializadas que sean designados por servicio de carrera, concurso de oposición, control de confianza y certificación, y que haya convocatorias con transparencia.
También planteó recuperar los módulos de seguridad abandonados, e instalar portales de seguridad ciudadana con vigilancia y atención las 24 horas del día, conexión a alarmas vecinales y al monitoreo de sistemas de vigilancia estatales y municipales.