Para iniciar las reformas que contribuyan a eficientar la administración pública estatal, el Congreso mexiquense esperará el diagnóstico y observaciones que cada titular de Secretaría realice a su área, aclaró Maurilio Hernández, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, quien especificó que algunos cambios, como la reducción salarial de los funcionarios, no necesitará la aprobación de los diputados.
Indicó que las reformas tienen el objetivo de materializar las 111 propuestas que, como candidata, planteó Delfina Gómez; cada tema impulsado por el equipo de la gobernadora, consideró, muy probablemente requiere una modificación, reforma, adición o derogación.
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“Partimos nosotros de que hubo 111 propuestas por parte de la gobernadora en su proceso de campaña, formaban parte de la plataforma electoral. Ahora para poder darle respuesta y materializar resultados se tiene que revisar el ordenamiento jurídico”, indicó.
Precisó que la facultad de modificar los tabuladores salariales del Poder Ejecutivo corresponde a su titular, de manera que una decisión de esta naturaleza no requiere una modificación legislativa.
Reconoció que superar la crisis económica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) requerirá una reingeniería a profundidad; por ello, expuso, el grupo parlamentario de Morena está a la espera del estudio y análisis que realice el equipo de la gobernadora sobre el organismo.
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El objetivo es garantizar que el Ejecutivo cumpla con el pago de pensiones, eficiente la operatividad de los hospitales y suministre en tiempo y forma los medicamentos que los derechohabientes requieren.
El además coordinador de la bancada morenista recordó que durante la anterior Legislatura su partido derogó la denominada Ley ISSEMyM que pretendía transformar el sistema solidario de pensiones en Afores e incrementar cuotas y aportaciones.
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Expuso que tratar de solucionar la problemática del ISSEMyM sólo por la vía del incremento de cuotas, como lo intentó hacer la anterior administración estatal, no permitirá aportar esquemas viables de solución; de allí la necesidad de realizar un diagnóstico exhaustivo que explore todas las soluciones viables. Finalmente, Hernández González confió en que, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Estado mexicano está obligado a otorgar servicios de salud que incluyan la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), existen las condiciones para abordar el tema también durante la actual Legislatura local.