El gobernador Alfredo del Mazo turnó a la Legislatura local la terna para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y, extraoficialmente, se conoce que está integrada por Edmundo Garrido Osorio, José Luis Cervantes Martínez y Rodrigo Archundia.
El primero fue procurador general de Justicia del Distrito Federal (DF) durante la administración del perredista Miguel Ángel Mancera; el segundo, magistrado y ex subprocurador de Justicia de Tlalnepantla, y el tercero, fiscal antisecuestros de la FGJEM.
Se prevé que esta triada, en la que no se considera ninguna de las cuatro finalistas mujeres, sea sometida a consideración del pleno el próximo jueves.
Para la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) A.C., los tres son garantes de continuidad y, por tanto, de corrupción, impunidad y fabricación de delitos.
Sobre Garrido Osorio, José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de PIDH, consideró que la postulación es producto de los acuerdos entre los senadores Juan Zepeda Hernández, Dante Delgado Ranauro y Miguel Ángel Mancera Espinosa.
También recordó que como procurador de Justicia del Distrito Federal fue cuestionado por maquillar las cifras de los delitos para beneficiar las aspiraciones de Macera Espinoza, quien conforme a la periodista Sandra Normandía era el candidato del cartel inmobiliario de la Ciudad de México a la Presidencia de la República.
Respecto a José Luis Cervantes Martínez, recordó que fue designado magistrado, de cuota y sin contar con carrera judicial, por el entonces gobernador y hoy senador Eruviel Ávila; fue subprocurador de Tlalnepantla con el procurador Alberto Bazbaz Sacal, y, por tanto, corresponsable del desastre actual del sistema de procuración y administración de justicia.
Indicó que también fue colaborador en la PGR de Eduardo Medina Mora (acusado de participar en el caso de trafico de armas para integrantes del crimen organizado conocido como “Rápido y Furioso”) y conoció a Gómez Sánchez cuando éste se desempeñaba como Coordinador de Asesores de Medina Mora.
Adicionalmente, es hijo de Raúl Cervantes, procurador general de la República en el sexenio de Ernesto Zedillo; y primo de Humberto Castillejos Cervantes, ex consejero jurídico del presidente Enrique Peña, y de Alfredo Castillo Cervantes, ex procurador estatal y ex comisionado para la seguridad en Michoacán.
En cuanto a Rodrigo Archundia, lo consideró el más cercano al ex fiscal Alejandro Gómez; por tanto, el más proclive a dar continuidad a su falta de resultados. Recordó que, como fiscal antisecuestros, a pesar de que desde 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que el Estado de México contaba con la tecnología suficiente para hacer frente a este delito, incluidos drones especializados para detectar señales telefónicas y la ubicación del secuestrado y secuestrador.
Desde el punto de vista del activista, 90% de los detenidos por ese ilícito son falsos culpables; y lejos de sustentar las acusaciones en el uso de la tecnología citada, las víctimas aseguran que conocieron a sus captores por la voz, el olor de la boca o gases.
En el Estado de México, cuestionó, curiosamente en el mismo porcentaje las víctimas sobreviven, cuando lo lógico en estos casos es que sean ultimadas; y los rescates de que se tiene registro visual, son de película.
Con cualquiera de ellos, alertó, está en riesgo la Ley de Amnistía del Estado de México que, de por sí, ha arrojado pocos resultados en el caso de la fabricación de delitos de alto impacto.