Pese a los argumentos de las autoridades, en el Estado de México el combate a la corrupción no se percibe. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) revela que la tasa de incidencia de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años en la entidad aumentó 59.6% del 2017 al 2019.
En 2017, 21 124 ciudadanos (por cada 100 mil habitantes) fueron víctimas de al menos un acto de corrupción al efectuar trámites ese año, y al cierre del 2019, esa cifra incrementó a 33 713.
Otro de los elementos para medir el combate a la corrupción es la apertura de información pública.
El Ranking de Portales Estatales de Transparencia del Índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE) de este año también advierte que el Gobierno del Estado de México cayó del quinto al décimo tercer sitio (con relación al 2019) a nivel nacional. En 2020, su puntaje total es de 45.02 (en una escala de cien puntos), y la luz de su semáforo se ubica en rojo, en una revisión realizada al cumplimiento de las disposiciones legales, datos abiertos, colaboración vertical y horizontal e interfaz. El año pasado, tuvo 58.94 puntos y se encontraba en amarillo. En 2018, su calificación había sido mejor, 66.52 puntos, por lo que se ubicó en verde, lo que revela que en esta materia ha tenido retrocesos.
El combate a la corrupción desde los municipios tampoco es alagüeño. En días pasados, Marco Antonio González, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, reconoció que 75 de 125 ayuntamientos mexiquenses ni siquiera han integrado sus Comités Municipales Anticorrupción, obligados por ley desde el 2017, lo que refleja la falta de compromiso en la materia. Si bien, algunos de los municipios más grandes, entre ellos Ecatepec y Toluca, ya tenían integrados sus comités, estos desaparecieron y no se han vuelto a conformar.
Los otros sujetos obligados tampoco pueden cantar victoria. Hace unos días, la Legislatura local anunció que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem) determinó que este Poder cumplió al 100% con sus obligaciones en la materia, pero al cierre de esta edición todavía no fue posible encontrar en su página de transparencia información sobre las remuneraciones de los diputados locales, pues el tabulador aparece en ceros.
Salvo la sanción obligada por la opinión pública en mayo de 2017 contra Apolinar Mena, entonces secretario de Comunicaciones, luego de filtrarse audios en los que gestiona las vacaciones de su familia en un hotel de la empresa OHL, ninguna otra de las aplicadas por la Secretaría de la Contraloría estatal ha alcanzado a funcionarios de alto nivel en la administración pública estatal.
Tampoco existen sanciones importantes a nivel municipal, o entre los organismos públicos autónomos, ni siquiera desde la Fiscalía estatal Anticorrupción, en buena medida, porque los titulares de los órganos de control interno o son designados por las dependencias a las que deben revisar, o porque carecen de “dientes” desde el punto de vista jurídico.
Otras medidas encaminadas a combatir el fenómeno han quedado inconclusas. Tras las denuncias de empresarios en el sentido de que la emisión del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) se prestaba a corrupción y obstaculizaba la inversión estatal, la Legislatura mexiquense aprobó en comisiones su desaparición, pero la reforma no se ha concretado ante el Pleno.