La Legislatura del Estado de México contempla ya un plan B para que las necesidades de la entidad sean atendidas, en caso de no autorizar al gobernador Alfredo del Mazo la solicitud de endeudamiento por 13 500 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2021.
La propuesta surgió durante un segundo acercamiento de las Comisiones de Planeación y Finanzas Públicas para el análisis del Paquete Fiscal del año entrante, cuando el petista Armando Bautista advirtió que sin deuda no se caerá la entidad, por lo que es necesario que los diputados hagan la tarea del Ejecutivo y propongan dónde generar ahorros para que se destinen a lo que se requiere.
“Hay que partir de la idea de no aprobar (deuda). Necesitamos un plan ´B´, saber de dónde generar ahorros”, dijo, y luego sugirió, por ejemplo, que el recurso se puede obtener del cobro de la deuda por 3 mil millones de pesos que los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) tienen con el Instituto de Seguridad Social de la entidad y municipios (ISSEMyM).
El petista recordó que 2021 será un año electoral, y acusó que los gobiernos priístas están acostumbrados a destinar recursos públicos a las campañas de sus candidatos, lo que, a su decir, se podría evitar de aprobarse un presupuesto austero.
El diputado sin partido Carlos Lomán y el morenista Adrián Galicia, presidente de la Comisión de Planeación, advirtieron que el Gobierno estatal no ha turnado a los diputados el listado de obras en las que se pretende emplear la deuda solicitada. Galicia Sauceda indicó que el permiso de contratación llevaría la deuda de la entidad a 80 mil mdp, y que, en caso de que cualquier eventualidad frenara la ministración de recursos federales, impediría su pago con recursos propios, pues estos ascienden apenas a 90 mil de los 307 mil mdp previstos (30% del total).
Lamentó que el Ejecutivo pretenda que la autorización de que, en caso de desastres, también pueda contratar pasivos, pero sin solicitar permiso a la Legislatura, e indicó que no se justifica la intención de mayores empréstitos, cuando los 6 mil mdp autorizados para 2020 ni siquiera se han ejercido, y eso, manifestó, también ocurre con los casi 4 mil mdp de la Asociación Público Privada para el mantenimiento de carreteras al sur del estado, que se aseguró urgían.
Acusó que al día de hoy, la autoridad estatal no ha presentado a los diputados un solo informe trimestral sobre el uso de la deuda de este año. La falta de información, expuso, genera desconfianza. Además, cuestionó: “Si no han podido ejercer 6 mil millones, mucho menos 13 mil. Ni autorizándoles, esto camina”.
Galicia Sauceda consideró que el Gobierno del estado no perderá en caso de que no le sea autorizada la deuda, y advirtió que los funcionarios estatales están dejando en estado de indefensión a la Legislatura por falta de detalles, pues el martes próximo el proyecto de Paquete Fiscal debe subir al Pleno.
La también morenista Azucena Cisneros lamentó que los argumentos del Ejecutivo estatal para gestionar la deuda se centren en su buena calificación crediticia o en la necesidad de costear las obras federales que el presidente de la república nunca dijo debían edificarse con deuda. La única información que el año pasado les entregaron para respaldar la petición de deuda, admitió Cisneros Coss, fue una hoja con generalidades, y pugnó porque eso no se repita. Alertó que la actual Legislatura podría convertirse en la que más deuda ha autorizado en los últimos veinte años.
Su correligionaria Elizabeth Millán destacó que desde el sexenio de Arturo Montiel, el Gobierno estatal no paga capital de deuda, sino sólo intereses que ya representan casi 30% de los ingresos del estado. La legisladora pidió información respecto de todas las deudas autorizadas por la actual Legislatura al mandatario estatal, y propuso un blindaje electoral para que el recurso no se emplee en financiamientos de campañas. También demandó un informe sobre los excedentes financieros desde el último año de Eruviel Ávila, e insistió en no autorizar 25 millones de pesos más a la paraestatal Reciclagua, que ha demostrado no ser útil para sanear el río Lerma.
Max Correa, también de Morena, anticipó que no se justifica la intención de incrementar el presupuesto para la Secretaría de Finanzas en más de mil millones de pesos, en más de cien millones para la Secretaría General de Gobierno y en más de mil 500 millones (38% extra) para el Poder Judicial bajo la justificación de que resolverá los litigios laborales. Desde su punto de vista, la eficiencia administrativa no se palpará en la fusión de las Secretarías de Cultura y Turismo, pues Marcela González ejercerá el presupuesto de ambas dependencias, y tampoco se justifican más de tres mil mdp para el Instituto Electoral estatal (IEEM), si se redujo el calendario electoral en cuatro meses. Derivado de estas observaciones, consideró que sí hay margen de maniobra para el plan B.
Su correligionaria Mónica Álvarez advirtió que la propuesta de presupuesto no representa ahorros por la fusión de secretarías, cuando uno de los objetivos era contraer el gasto; al contrario, indicó, en Obra y Movilidad hay incremento sustancial. El encuentro apenas derivó en la solicitud a la Secretaría de Finanzas, ahora por escrito, de la información que ya le había sido requerida y fue comprometida verbalmente.