La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha fallado en brindar atención oportuna a las personas detenidas y recluidas de manera irregular, señaló el diputado Julio Hernández, presidente de la Comisión parlamentaria en la materia. El morenista advirtió que la entidad mexiquense requiere de un organismo de derechos humanos fortalecido, con capacidad para dar seguimiento a los frecuentes casos de detenciones arbitrarias por parte de autoridades estatales y municipales.
La Codhem, consideró, ha resultado omisa a la hora de dar apoyo a las víctimas, por lo que se requiere de un organismo fuerte y capaz, que sea pieza clave en el apoyo a personas víctimas de injusticia y sus familias: “Nos encontramos con una Codhem que no ha dado los resultados que muchos quisieran, debido al tamaño del aparato que tenemos. Debería servir para defender todos los derechos de aquellas personas que ahora están presas de forma injusta”, refirió.
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Tan sólo la Comisión parlamentaria de Derechos Humanos, indicó, ha recibido al menos 200 solicitudes y oficios de familiares de víctimas y representantes de asociaciones civiles que, a su vez, han recibido quejas contra actos de autoridad en los reclusorios de Chiconautla, Chalco y Texcoco, y de habitantes de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Chicoloapan, Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca, entre otros.
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Hernández Ramírez recordó que en la Legislatura hay en estudio tres iniciativas para conformar la Ley de Amnistía del Estado de México, y se hará una discusión minuciosa con la participación de víctimas, familiares y colectivos, en busca de generar los mejores mecanismos para defender los derechos humanos de quienes, por su condición de vulnerabilidad cultural, social y económica, están en prisión sin ser culpables.
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Por su parte, Jorge de la Peña, psiquiatra especialista en Tortura y asesor de la ONU en la materia, destacó que en México esta sigue siendo una práctica recurrente dentro del sistema penitenciario, pues existe un gran desconocimiento por parte de policías, jueces y magistrados sobre el Protocolo de Estambul y requieren capacitación en derechos humanos. El experto indicó que la tortura se genera para que una persona diga “una verdad” que sus agresores quieren, y para ello utilizan el sufrimiento físico y mental, a través de diversas prácticas como golpes, toques eléctricos o amenazas.
En tanto, Leonel Rivero, abogado y Coordinador de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A.C., reiteró que la tortura es una práctica sistematizada, desde el nivel local, hasta el federal: “La tortura es institucional en este país. Empieza desde el momento de la detención de la persona, sujeta a crueles tratos por quienes lo detienen; el médico legista certifica que el detenido está en perfecto estado de salud; el Ministerio Público valida que está bien; la persona detenida acepta; el juez sólo voltea para otro lado y finge no ver los golpes”, denunció el abogado, y lamentó que muchos litigantes también desconozcan los mecanismos y procedimientos para actuar frente a casos de tortura.
El señor Antonio Candelaria relató que su hijo ha estado preso de manera ilegal desde hace más de cinco años, en el penal de Barrientos, pues una tarde, cuando acudió al centro Comercial Mundo E, fue levantado por personas vestidas de civil fuera de este sitio. Tres días después, apareció en un penal de Nayarit, acusado de secuestro, delincuencia organizada y extorsión.
El joven fue torturado y severamente golpeado durante su detención. Tras numerosas audiencias, se desecharon los cargos de secuestro y delincuencia organizada, pero mantuvieron la acusación de extorsión. Fue trasladado al penal de Tlalnepantla, donde aún permanece recluido, como resultado de un juicio plagado de irregularidades, y pese a que se le aplicó el Protocolo de Estambul para probar la tortura sufrida.
“A mi hijo lo torturaron, le pegaron, le pusieron toques, le pusieron la pistola en la cabeza y amenazaron que lo iban a matar. Lo único que pedimos es justicia, que revisen el caso; no han dado seguimiento a la carpeta de investigación por tortura. Allá adentro, está muerto en vida. Lleva cinco años y tres meses en el penal”, apuntó.
Otro de los recientes casos de encarcelamiento injusto fue el del violinista Lucio Yánez García, un adulto mayor que estuvo preso un año en Chiconautla por enfrentar a un asaltante que intentó despojarlo de su violín, fuente de su sustento. Tras hacerse público el caso, y gracias a la presión mediática, de organizaciones y legisladores, fue liberado. Sin embargo, prevalecen numerosas situaciones de este tipo, como la de José Juan Mejía Martínez, quien sigue preso en Chiconautla desde 2015, acusado de robo con violencia a un transeúnte, con un proceso legal plagado de vicios, pese a que la víctima negó que él fuera el responsable.