Gilberto Limón, secretario de Movilidad del Estado de México, justificó que la inversión en la carretera Toluca-Naucalpan se incrementó al doble debido a las obras sociales realizadas y al tiempo en que la maquinaria estuvo detenida ante por inconformidades de los comuneros; y aseguró que ya no hay suspensiones que obliguen a detener las obras y que el peaje para la circulación se mantiene en la media estatal. Además, justificó que el tramo federal en que se asienta el Viaducto Elevado Bicentenario es producto de un convenio con la Federación y negó que la autopista Toluca-Atlacomulco se haya construido sobre la carretera Panamericana.
Lo anterior, durante su comparecencia por la glosa del tercer informe de Gobierno estatal, en respuesta a los cuestionamientos de los diputados locales. Allí, el funcionario reconoció la existencia de tres amparos entablados por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan; no obstante, afirmó que las suspensiones decretadas no afectaban la conclusión de la obra.
Indicó que después de las pláticas sostenidas con los habitantes, ellos mismos optaron por retirar los amparos; justificó que la inversión en la vialidad, originalmente establecida en unos 5 mil millones de pesos, creció a 11 mil mdp debido a los costos indirectos que implicó; por ejemplo, al tener la maquinaria parada durante varios años, por la cantidad de estructuras requeridas y porque se construyeron muchas obras sociales (remodelación de cuatro escuelas, pavimentación de vías, construcción de 22 puentes). También negó que la tarifa de 150 pesos por 39 kilómetros sea de alto costo, pues se encuentra dentro de la media estatal, significando 3.8 pesos por metro, mientras que en las autopistas federales de la entidad, el peaje cuesta al menos 4 pesos por metro cuadrado.
Al ser cuestionado sobre la construcción por parte de OHL del Viaducto sobre un tramo de carretera federal, aseguró que a finales de la década de los ochenta, el Gobierno estatal firmó un convenio de descentralización con la Federación, que comprometía a la administración mexiquense a dar mantenimiento y mejorar el tramo, motivo por el cual fue concesionado. El convenio, indicó, establece que cuando el concesionario recupere su inversión, el tramo será devuelto a la Federación.
Limón Chávez rechazó que la autopista Toluca-Atlacomulco haya sido edificada sobre la carretera Panamericana, por lo que no viola el Tratado internacional que obliga su gratuidad; dijo que sólo se concesionó un cuerpo adicional porque el Gobierno estatal carecía de recursos. Expuso que para su construcción se dialogó con los vecinos y se elaboró un amplio esquema de residentes, de tal forma que, a la fecha, uno de cada tres cruces está exento para los pobladores de la zona. De cualquier modo, indicó, ya se estableció una mesa de diálogo con los vecinos para encontrar una solución conjunta, pues la vialidad requiere de modernización para disminuir el número de percances y porque es el único tramo rezagado desde la Ciudad de México hasta Guadalajara.
El funcionario adelantó que la administración mexiquense ya analiza la posibilidad de extender el esquema de Asociación Público Privada (APP) –a través de la concesión a la iniciativa privada– para el mantenimiento carretero en otras vialidades libres de peaje en la entidad; y para atajar las afectaciones de la pandemia, en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) se apostará por el transporte de carga, pues el de pasajeros disminuyó drásticamente.
Otras preguntas y críticas de los diputados estuvieron relacionadas con la inseguridad en el transporte público (pues mientras en el país se tiene un registro de 10 775 robos y asaltos en calles y transporte público por cada cien mil habitantes, en el área metropolitana del Valle de México se triplican, llegando a 31 873), la posibilidad de revertir el tarifazo y los abusos en los servicios de grúas. Finalmente, el morenista Nazario Gutiérrez se pronunció por enjuiciar al exsecretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal (quien dejó el cargo hace unas semanas) por la falta de apoyos a los concesionarios, y pidió a su sucesor hacer “borrón y cuenta nueva” con los transportistas para aliviar las pérdidas que registraron durante la pandemia.