La Legislatura mexiquense gestionará una reunión con el Poder Judicial estatal para que se revisen los casos de personas privadas de su libertad donde existen evidentes irregularidades en los debidos procesos. Este compromiso es resultado de la reunión de integrantes del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y Haz Valer mi Libertad con diputados de la Comisión parlamentaria de Derechos Humanos, celebrada el pasado lunes.
Durante este encuentro, los legisladores de Morena recordaron que familiares y activistas serán invitados a las mesas de discusión para integrar el dictamen final de la Ley de Amnistía del Estado de México, pues existen tres iniciativas en estudio y buscarán que se apruebe una norma que resulte viable, operativa y, como lo demandan, que sirva.
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El diputado morenista Julio Hernández, presidente de la citada comisión, indicó que la queja recurrente de estas familias es que los inculpados se encuentran presos de forma injusta, por lo que demandaron el apoyo del Congreso local para tener una reunión con el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuéllar, pues acusan que existe una red de corrupción entre policías y ministerios públicos para fabricar delitos. Hernández Ramírez aseguró que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, se comprometió a solicitar el encuentro con el titular del Poder Judicial para que se escuchen las exigencias de los afectados que acusan la fabricación de culpables: “Son muchos casos que se están dando desde hace varios años en la entidad; se construyen varios tipos de delitos por cualquier motivo; traen una lista (de internos) donde posiblemente se podrá ayudar”, indicó.
Refirió que a la comisión legislativa han llegado casos de personas presas de forma injusta, quienes, en su mayoría, son pobres, tienen poca o nula preparación académica, no contaron con una buena defensa, o defienden alguna causa social y se convierten en un estorbo para el gobierno estatal, por lo que se les construyen delitos para mantenerlos encerrados. El morenista señaló que se han dado casos de extrabajadores de diversos municipios quienes se han negado a participar en casos de corrupción y, como represalia, les fabricaron delitos y hoy están presos.
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En tanto, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) destacó que hay, al menos, 19 000 personas privadas de su libertad de forma injusta que permanecen en penales mexiquenses; en muchos casos, llevan años sin que se revisen sus expedientes ni se les dicte sentencia: “En el penal no existen derechos, no son personas, son números. Aquí están sus historias, son jóvenes que están pagando delitos que no cometieron. No estamos pidiendo que liberen delincuentes, sino que revisen los casos, y a través de ello se obtenga justicia y libertad para las personas que hoy están siendo olvidadas”, apuntó Leady Plácido, hermana de Daniel, sentenciado a 70 años de prisión en el penal de Almoloya, bajo un proceso anómalo sustentado en un solo señalamiento vago y no personalizado.
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Otro de los familiares que participó en la reunión recordó que a su cuñado lo aprehendieron en el tianguis de Ocoyoacac “con su hijo de cuatro años. Se lo llevan con violencia, lo tuvieron incomunicado y fabricaron una carpeta de investigación acusado de secuestro; fue señalado por una persona que trabajaba para la policía ministerial a cambio del pago de 5 000 pesos para acusar a cualquiera”.